Greenpeace hizo público el informe "La permisividad de la Unión Europea ante la contaminación química. El caso del nonilfenol". En dicho estudio se evalúa el grado de aplicación y la efectividad de las leyes europeas para combatir la contaminación química.

La organización ecologista ha investigado los avances en los objetivos de la Directiva Marco de Aguas para terminar con el nonilfenol (NP). El seguimiento se ha hecho en cinco Estados miembros de la Unión Europea (UE): Alemania, Eslovaquia, España, Reino Unido y República Checa.

La investigación documenta los elevados niveles de emisiones de nonilfenol (NP) al ecosistema acuático y la existencia de datos de monitorización que demuestran concentraciones cercanas a los máximos niveles permitidos. Sin embargo, se ha detectado que en todos los países estudiados, las autoridades competentes obvian el problema y no adoptan medidas dirigidas a solucionarlo.

En España se ha seleccionado la demarcación hidrográfica que mejores datos ofrecía, las cuencas internas catalanas. Los datos aportados por la gran mayoría de las otras 23 demarcaciones españolas no hubiesen permitido ni tan siquiera llevar a cabo el análisis. Según la información obtenida, en cuatro ubicaciones de monitorización se sobrepasaba la concentración máxima permitida de NP. La mayor concentración, 142,8 µg/l, se midió en abril de 2008 en Riera de Riudoms (superaba más de 70 veces la concentración máxima permitida).

En 2008, en España se registraron vertidos que sumaban un total de 1,19 toneladas de NP y NPE, de las que 1,18 procedían de 12 plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas. Se da la circunstancia que nueve de estas plantas se encuentran en Cataluña y suman 1.09 toneladas, mientras que el resto es atribuible a instalaciones del País Vasco y Asturias.

"Los datos en España revelan que es las depuradoras en Cataluña donde más se detecta la presencia de este contaminante, y la razón no es que en esta región haya más, sino que en otros sitios no se estudia su presencia, lo que indica un abandono de responsabilidades por parte de las otras demarcaciones", ha declarado Sara del Río, responsable de Contaminación de Greenpeace. "Parece que resulta más cómodo no evidenciar un problema al que luego hay darle solución". Es muy probable que los cinco Estados miembros superen las concentraciones máximas permitidas en un futuro cercano y en particular en los puntos negros de contaminación por esta sustancia, que normalmente coinciden con los vertidos de las depuradoras de aguas residuales urbanas.

"La Comisión Europea y los Gobiernos están fallando a la ciudadanía al permitir que se contaminen ríos, lagos y mares con un cóctel de sustancias químicas muy peligrosas", ha concluido Sara del Río.