Galicia arranged in ten years more than 1,500 million for sanitation
Fri, 07/05/2010
Galicia ha dispuesto en el último decenio de más de 1.500 millones de euros en ayudas europeas que podían haber servido para fi nanciar el saneamiento integral y defi nitivo de sus ciudades. Ese dinero corresponde a los capítulos relacionados con la protección del medio ambiente y la ordenación de los recursos hídricos de sus programas de gasto de fondos de la UE de los dos últimos septenios. Pero no ha servido para evitar que la Comisión Europea, tras un largo expediente sancionador que se abrió en el 2004, haya acabado por llevar a once ciudades gallegas al Tribunal de Justicia de la Unión. Ribeira, Baiona, Cariño, Noia, A Pobra, Redondela, Tui, Viveiro... Y también Vigo, Santiago y A Coruña, las urbes más grandes y pobladas de la comunidad. Todas ellas incumplen, según Bruselas, la directiva que las obligaba a disponer desde hace diez años de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales que impidan los vertidos contaminantes a las rías y a los ríos gallegos. Es probable que la Comisión tramite en breve una nueva denuncia que podría afectar también a Lugo, Ourense y Ferrol, con el agravante de que sus vertidos se estarían realizando, además, en zonas sensibles o protegidas.
Según datos de la Dirección General de Política Regional del Ejecutivo comunitario, entre el 2000 y el 2006 Galicia dispuso de 836,8 millones para actuaciones relacionadas con la protección del entorno natural, que incluyen proyectos como el sellado de vertederos y el tratamiento de residuos sólidos, pero también, y sobre todo, para construcción de canalizaciones y estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. Tal cantidad supuso el 15% de las ayudas asignadas a Galicia, el segundo eje inversor de esos años y solo superado por el capítulo destinado a fi nanciación de redes de transporte y energía. Para el siguiente período, entre el 2007 y el 2013, se han programado otros 694,7 millones, el 20% de los fondos. En total suman más de 1.531 millones, el 18% de las subvenciones europeas de esos trece años.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aseguró ayer que su Gobierno considera «prioritarias» esas actuaciones, y añadió que ya hay en marcha proyectos por unos 800 millones, según informa Serafín Lorenzo, de la Redacción de La Voz en Santiago. «Estamos avanzando en la fi nalización de las depuradoras que se concretan en el informe de la UE», alegó.
La demanda interpuesta por la Comisión ante el Tribunal de Justicia no derivará en multa, sino, con toda probabilidad, en un mandato a España para que obligue a Galicia a cumplir la directiva de aguas residuales. Si no acatasen ese fallo, las ciudades afectadas sí se expondrían a un nuevo expediente, que, en último extremo, podría incluir una sanción económica.
El Concello de Redondela afi rmó que la Xunta ha certifi cado que el municipio pontevedrés cumple ya con todas las exigencias de depuración que impone la directiva de aguas residuales de la UE, tras haber puesto en marcha el año pasado los procesos de tratamiento terciario, y que, por lo tanto, no debería fi gurar en el listado de la denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, en el que fi guran once localidades de Galicia.
«É posible que no 2000 houbera defi ciencias, pero a última auditoría da Xunta asegura que cumplimos coa normativa», replica Carlos Pazos, edil de medio ambiente redondelano, que recuerda que el proyecto supuso una inversión de 1,3 millones de euros anuales, a los que se suman otro millón anual para mantenimiento y personal. «Para Redondela, esa é unha cantidade importante», reitera. La demanda del Ejecutivo comunitario incluye también una treintena de ciudades y pueblos de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Ceuta, País Vasco y Valencia. Sin embargo, a diferencia de Galicia y salvo por los casos de Ceuta y Gijón, ninguna de ellas es una capital de provincia o una gran ciudad.
En su denuncia, la Comisión recuerda que las aguas residuales sin depurar son la principal causa de contaminación tanto en el litoral como en los ríos, y que representan un grave peligro para la salud humana y para los ecosistemas naturales.
Según datos de la Dirección General de Política Regional del Ejecutivo comunitario, entre el 2000 y el 2006 Galicia dispuso de 836,8 millones para actuaciones relacionadas con la protección del entorno natural, que incluyen proyectos como el sellado de vertederos y el tratamiento de residuos sólidos, pero también, y sobre todo, para construcción de canalizaciones y estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. Tal cantidad supuso el 15% de las ayudas asignadas a Galicia, el segundo eje inversor de esos años y solo superado por el capítulo destinado a fi nanciación de redes de transporte y energía. Para el siguiente período, entre el 2007 y el 2013, se han programado otros 694,7 millones, el 20% de los fondos. En total suman más de 1.531 millones, el 18% de las subvenciones europeas de esos trece años.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aseguró ayer que su Gobierno considera «prioritarias» esas actuaciones, y añadió que ya hay en marcha proyectos por unos 800 millones, según informa Serafín Lorenzo, de la Redacción de La Voz en Santiago. «Estamos avanzando en la fi nalización de las depuradoras que se concretan en el informe de la UE», alegó.
La demanda interpuesta por la Comisión ante el Tribunal de Justicia no derivará en multa, sino, con toda probabilidad, en un mandato a España para que obligue a Galicia a cumplir la directiva de aguas residuales. Si no acatasen ese fallo, las ciudades afectadas sí se expondrían a un nuevo expediente, que, en último extremo, podría incluir una sanción económica.
El Concello de Redondela afi rmó que la Xunta ha certifi cado que el municipio pontevedrés cumple ya con todas las exigencias de depuración que impone la directiva de aguas residuales de la UE, tras haber puesto en marcha el año pasado los procesos de tratamiento terciario, y que, por lo tanto, no debería fi gurar en el listado de la denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, en el que fi guran once localidades de Galicia.
«É posible que no 2000 houbera defi ciencias, pero a última auditoría da Xunta asegura que cumplimos coa normativa», replica Carlos Pazos, edil de medio ambiente redondelano, que recuerda que el proyecto supuso una inversión de 1,3 millones de euros anuales, a los que se suman otro millón anual para mantenimiento y personal. «Para Redondela, esa é unha cantidade importante», reitera. La demanda del Ejecutivo comunitario incluye también una treintena de ciudades y pueblos de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Ceuta, País Vasco y Valencia. Sin embargo, a diferencia de Galicia y salvo por los casos de Ceuta y Gijón, ninguna de ellas es una capital de provincia o una gran ciudad.
En su denuncia, la Comisión recuerda que las aguas residuales sin depurar son la principal causa de contaminación tanto en el litoral como en los ríos, y que representan un grave peligro para la salud humana y para los ecosistemas naturales.