El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, anunció hoy que su departamento destinará un total de 94 millones de euros para abordar la construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) en los 23 ayuntamientos gallegos que incumplen la directiva de la Unión Europea sobre saneamiento de aguas residuales.
Vázquez avanzó en una comparecencia parlamentaria que la Xunta "asumirá la solución de la construcción" de las depuradoras, y para tal efecto ya ha remitido a los ayuntamientos que incumplen la actual normativa una carta en la que les solicitan que busquen una ubicación "idónea" para las nuevas instalaciones.
El plan, que requiere una inversión directa de 94 millones de euros, pretende que la directiva se cumpla a finales de la presente legislatura. Medio Ambiente cifra en 200 millones de euros la inversión total a 15 años de esta medida, incluyendo las obras y los costes de explotación de las depuradoras.
La normativa europea obliga a tener sistemas de depuración en las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes, bajo la amenaza de sanciones multimillonarias. Actualmente, 19 ayuntamientos gallegos ejecutan obras para cumplir esta normativa europea, mientras que otros 23 están pendientes de buscar una solución.
Manuel Vázquez destacó la importancia de abordar el problema, ya que el 40 por ciento de los gallegos vierten directamente aguas fecales a los ríos y la Unión Europea ya ha emitido la primera multa --de 20 millones de euros--, a la comunidad por la situación medioambiental de la Ría de Vigo.
PACTO POR EL AGUA
Además, el titular de Medio Ambiente abogó por poner en marcha "un auténtico pacto por el agua" entre todas las fuerzas políticas, ya que el actual modelo de gestión es "inviable" y conduce a la "quiebra técnica". Así, advirtió de que no se puede entrar "en una espiral económica que no tiene salida".
Por ello, propuso la creación de una mesa de trabajo entre las tres fuerzas parlamentarias que evalúe el actual modelo legislativo y las realidades económicas del sistema. Del mismo modo, apostó por impulsar un organismo de gestión de aguas que haga efectiva la planificación, construcción y explotación de las EDAR.
Tanto ese organismo como el plan anteriormente mencionado serán consensuados con los ayuntamientos a través de la Fegamp. El objetivo de la Xunta es que los municipios se "corresponsabilicen" en la financiación de las infraestructuras y la explotación del saneamiento y la depuración, "evitando cualquier tipo de privilegios o discriminaciones de unos ciudadanos sobre otros".
Las empresas concesionarias también participarían en el nuevo organismo, "semejante a una Agencia del Agua", que tendría como objetivo principal gestionar el sistema de aguas residuales, ejerciendo un control "exhaustivo" sobre los procesos de depuración. Además, mantendría el equilibrio financiero a través de recursos de los ayuntamientos, del canon de saneamiento, de la Xunta y de los fondos del Estado y de la UE.
En cuanto al pacto por el agua, Vázquez subrayó que debe garantizar que el nuevo modelo "no le cuesta ni un sólo euro más" a los ciudadanos, que los ayuntamientos se impliquen en un nuevo modelo "de gestión integral del ciclo del agua" y que se mantenga una política de transparencia y protección ambiental en el nuevo sistema.
PROBLEMAS ACTUALES
Vázquez explicó que en la actualidad la empresa pública de aguas dedica seis millones de euros anuales a pagar la depuración de las aguas residuales en 10 núcleos de población gallegos, a los que se podrían sumar otro millón y medio en las 9 depuradoras en construcción y 3,5 millones más en las que hay previstas.
El conselleiro recordó que un número limitado de municipios se acogieron a la Ley de Rías, que según él careció de la "publicidad adecuada" y era de "difícil comprensión". Para ejemplificarlo, indicó que el presidente de la Fegamp y alcalde de Lalín, Xosé Crespo, manifestó su sorpresa al conocer la existencia de la ley, que permite a los ayuntamientos trasladar a la Xunta los gastos derivados de la depuración de sus aguas residuales.
"Si los ayuntamientos lo hubieran sabido, se hubiera producido una quiebra técnica", alertó hoy el conselleiro de Medio Ambiente en su comparecencia parlamentaria, en la que insistió en la necesidad de modificar los criterios actuales desde el consenso entre las tres fuerzas políticas.
PROPUESTA POSITIVA
Los tres grupos parlamentarios acogieron positivamente la propuesta del conselleiro, e incluso el diputado popular Jaime Castiñeira subrayó que "reflexionar siempre es positivo", tras recordar que su grupo "siempre" ofreció a la Xunta "una mano para colaborar" en materia de medio ambiente.
De todas formas, Castiñeira negó que la situación actual sea tan preocupante y subrayó que en la etapa del PP en la Xunta se pusieron en marcha "más de 10 depuradoras" por año. Además, explicó que en cuanto se completen las 19 EDAR que hay en construcción, "pasaremos a tener un grado de cumplimiento del 91 por ciento de la directiva europea".
Por el contrario, el parlamentario popular acusó al Estado de dejar sin depuración al 21,77 por ciento de la población gallega, ya que las estaciones de saneamiento de las grandes ciudades son consideradas obras de interés general. Así, denunció que el Ministerio de Medio Ambiente "es el gran incumplidor" de la directiva europea sobre aguas residuales.
Por su parte, la diputada socialista Laura Seara, acusó al gobierno del PP en la Xunta de haber marcado con una "gestión inapropiada" el actual escenario del saneamiento en Galicia, y elogió la iniciativa de un pacto entre los grupos porque "es una cuestión de país que afecta a todos los ciudadanos y como tal debe ser tratado".
También la nacionalista Ana Belén Pontón consideró necesario "abordar el plan de gestión de la agua" y calificó el actual modelo de "caótico". Además, alertó de los problemas de funcionamiento de algunas depuradoras ya operativas, una advertencia que fue recogida por el conselleiro de Medio Ambiente, quien coincidió en el diagnóstico y auguró que en cinco años la mitad de las EDAR estarán en mal estado. Por ello, abogó por poner en marcha medidas para prevenirlo.