La Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea (UE)puede convertirse en un nuevo instrumento del Gobierno central para la defensa de la gestión gubernamental de las cuencas hidrográficas andaluzas frente a las demandas de la Junta de Andalucía para acceder a la gestión compartida del Guadalquivir y la completa transferencia de las competencias en la cuenca Sur.