La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)ha señalado que es ilógico que se le pueda plantear el pago de indemnizaciones por los perjuicios ocasionados en los ocho municipios a los que se prohibió durante una semana el consumo de agua del Rumblar ante la presencia de plaguicidas (simazina y terbutilazina).