El Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación mantiene su compromiso de asumir parte del sobrecoste de las obras de la desaladora de Ciutadella y la posterior conducción del agua a Maó. Así lo reafirmó ayer el conseller balear Gabriel Company tras entrevistarse en Madrid con el ministro Miguel Arias Cañete.

No obstante, el Ejecutivo autonómico no ha concretado los términos del acuerdo sobre la planta de Ciutadella, que sí ha quedado explicitado en el caso de Santa Eulària, cuya conexión con la red de distribución de agua potable de Eivissa se licitará el próximo año. El Gobierno central se hará cargo así de los 13 millones de euros de sobrecoste, ya que el presupuesto se disparó de los 6 millones iniciales a 19.

Madrid también mantiene su intención de costear la construcción de la depuradora de Addaia (Es Mercadal), cuya ejecución viene demorándose ya desde hace más de un lustro. Pues bien, el conseller anunció que todavía deberá esperarse otro año más, al menos, para ver iniciadas las obras. Los «ajustes» en el convenio vigente con el Gobierno central retrasarán la puesta en marcha de los trabajos hasta 2014. En idéntica situación se encuentran -precisólas depuradoras de Ca'n Picafort, Eivissa y Santa Eulària des Riu.

Todas estas actuaciones estaban incluidas en el llamado «Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 20072015», pero los plazos previstos han vencido por completo sin que hayan podido iniciarse las obras. Gabriel Company lamentó ayer que «se penalice al ciudadano demorando en demasía proyectos como éstos».

Asimismo, el ministro Miguel Arias Cañete se comprometió ante el conseller a defender ante Europa la demanda de Balears de disponer de un régimen específico, tal como ya disponen otros territorios insulares del Viejo Continente, como las Azores, Madeira, las Canarias, las islas del Egeo o los islotes franceses de ultramar.