El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente tiene ya muy avanzada la reforma legal que permitirá que los vecinos de las más de 300 poblaciones aragonesas afectadas por la paralización de los planes de depuración dejen de pagar el canon de saneamiento. Según informaron fuentes de la consejería que dirige Modesto Lobón, la DGA espera aprobar este proyecto de ley en Consejo de Gobierno a lo largo de este mes y luego lo remitirá a las Cortes para su tramitación por procedimiento de lectura única.

Esta fórmula acortará considerablemente los plazos, por lo que es muy probable que el Parlamento autonómico pueda aprobar en abril el texto legal que modificará el capítulo tercero de de la Ley de Ordenación y Participación de la Gestión del Agua -la que creó el canon de saneamiento-. El compromiso anunciado por Lobón es que todos aquellos municipios que ahora mismo pagan el 50% de ese impuesto ecológico sin tener depuradora dejen de hacerlo hasta que esas instalaciones se pongan en marcha.

El Ejecutivo PP-PAR se ha visto obligado a tomar esta decisión tras constatar que los problemas económicos de las empresas adjudicatarias han paralizado los planes de depuración y amenazan seriamente las actuaciones previstas en más de 300 poblaciones -entre ellas, Utebo, que tiene casi 20.000 habitantes, y los municipios más turísticos del Pirineo-.

El Instituto Aragonés del Agua (IAA) busca soluciones, pero sus responsables reconocen que la situación es grave y que habrá que priorizar. Ahora, el objetivo de la DGA ya no es que en 2015 se saneen todas las aguas residuales de la Comunidad, sino que para esa fecha al menos se hayan podido construir las depuradoras de las localidades con más población.

Esta situación se ha generado por los retrasos en la tramitación de muchas de las infraestructuras previstas -motivados en gran parte por el conflicto entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza- y por los efectos de la crisis económica en las adjudicatarias.