The DGA will suspend the collection of sewage fee
Wed, 15/02/2012
El Gobierno de Aragón suspenderá «como sea» y de la manera «más rápida posible» el cobro del canon a los ayuntamientos que tienen pendientes de ejecutar o de finalización sus depuradoras de aguas residuales. Así lo informó ayer el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, en la inauguración de FIMA.
Lobón señaló que la DGA ha dado instrucciones a los grupos parlamentarios del PP y PAR (el socio de los populares en el gobierno) «para que se haga cuanto antes, por el procedimiento que sea más rápido» la modificación legal necesaria para adoptar esta medida. Además, el consejero insistió en que este cambio se realice con la mayor celeridad posible.
El consejero añadió que esta medida se adoptó el lunes tras una reunión con el Instituto Aragonés del A g u a , ante las dificultades económicas que atraviesan muchos ayuntamientos afectados por el Plan de Aguas Residuales.
Muchos municipios han reclamado a la DGA que desbloquee el Plan de Depuración de Aguas Residuales o deje de cobrar el canon de saneamiento. Mediante este pago se financia la construcción de las distintas depuradoras, muchas de las cuales aún no han sido adjudicadas para comenzar las obras.
La medida anunciada por el consejero afectará a aquellos ayuntamientos en los que «no se hayan construido o estén paralizadas» las obras de edificación de las depuradoras dentro del Plan de Aguas Residuales, precisaron fuentes del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Más de doscientas depuradoras no han sido adjudicadas. Las que sí lo están aún no se han empezado a construir. Pese a ello, los municipios donde se ubican deben abonar el canon de saneamiento.
Lobón reiteró que el Plan de Depuración está «bien concebido», pero la situación actual es «muy distinta» a como era en el momento en que fue elaborado y exige «adaptarlo» a la realidad del momento. El consejero admitió que la actual situación de crisis obligará a «ajustar» la ejecución del Plan de Depuración de Aguas Residuales en la comunidad.
El consejero dijo que su departamento trabajaba en dichos «ajustes» y se refirió a la demanda de los municipios aragoneses que demandan la devolución del canon de saneamiento de sus aguas residuales que, según dijo, se estudiarán «caso por caso».
La decisión de la DGA dejaría en el aire, por tanto, la subida del 14% en el canon de saneamiento. Esta medida constaba en los presupuestos que para el Instituto del Agua, cuya aprobación por las cortes estaba prevista para finales de este mes.
Este anuncio se realiza un día después de hacerse pública la convocatoria de una reunión de la Asociación de Municipios del Pirineo para expresar su rechazo al canon mientras el Plan de Depuración esté bloqueado.
En la actualidad, los municipios donde hayan sido asignadas o no las obras de construcción de las depuradoras pagan el 50% del canon. Un gasto obligado para los ayuntamientos de las localidades afectadas, ya que se realiza con independencia de si las edificaciones han comenzado o se mantienen paralizada.
Por el momento, el departamento señala que la decisión adoptada es meramente política «y no práctica», por lo que se han iniciado gestiones para analizar la fórmula legal adecuada para llevarla a cabo.
Lobón señaló que la DGA ha dado instrucciones a los grupos parlamentarios del PP y PAR (el socio de los populares en el gobierno) «para que se haga cuanto antes, por el procedimiento que sea más rápido» la modificación legal necesaria para adoptar esta medida. Además, el consejero insistió en que este cambio se realice con la mayor celeridad posible.
El consejero añadió que esta medida se adoptó el lunes tras una reunión con el Instituto Aragonés del A g u a , ante las dificultades económicas que atraviesan muchos ayuntamientos afectados por el Plan de Aguas Residuales.
Muchos municipios han reclamado a la DGA que desbloquee el Plan de Depuración de Aguas Residuales o deje de cobrar el canon de saneamiento. Mediante este pago se financia la construcción de las distintas depuradoras, muchas de las cuales aún no han sido adjudicadas para comenzar las obras.
La medida anunciada por el consejero afectará a aquellos ayuntamientos en los que «no se hayan construido o estén paralizadas» las obras de edificación de las depuradoras dentro del Plan de Aguas Residuales, precisaron fuentes del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Más de doscientas depuradoras no han sido adjudicadas. Las que sí lo están aún no se han empezado a construir. Pese a ello, los municipios donde se ubican deben abonar el canon de saneamiento.
Lobón reiteró que el Plan de Depuración está «bien concebido», pero la situación actual es «muy distinta» a como era en el momento en que fue elaborado y exige «adaptarlo» a la realidad del momento. El consejero admitió que la actual situación de crisis obligará a «ajustar» la ejecución del Plan de Depuración de Aguas Residuales en la comunidad.
El consejero dijo que su departamento trabajaba en dichos «ajustes» y se refirió a la demanda de los municipios aragoneses que demandan la devolución del canon de saneamiento de sus aguas residuales que, según dijo, se estudiarán «caso por caso».
La decisión de la DGA dejaría en el aire, por tanto, la subida del 14% en el canon de saneamiento. Esta medida constaba en los presupuestos que para el Instituto del Agua, cuya aprobación por las cortes estaba prevista para finales de este mes.
Este anuncio se realiza un día después de hacerse pública la convocatoria de una reunión de la Asociación de Municipios del Pirineo para expresar su rechazo al canon mientras el Plan de Depuración esté bloqueado.
En la actualidad, los municipios donde hayan sido asignadas o no las obras de construcción de las depuradoras pagan el 50% del canon. Un gasto obligado para los ayuntamientos de las localidades afectadas, ya que se realiza con independencia de si las edificaciones han comenzado o se mantienen paralizada.
Por el momento, el departamento señala que la decisión adoptada es meramente política «y no práctica», por lo que se han iniciado gestiones para analizar la fórmula legal adecuada para llevarla a cabo.