Ya casi nadie recuerda los temores a que el río Nervión se desbordara o el mal estado del cauce hace unos años. Parte de esos problemas han desaparecido gracias a las obras de encauzamiento del río. Con el saneamiento y la construcción de las dos depuradoras de Basaurbe y Markijana, en las que se invertirán unos 70 millones de euros, pasará parecido, pero en el periodo de transición surgen varias dudas. «¿Quién las va a gestionar?», plantea Manuel Fernández, técnico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que ha hecho el seguimiento del proyecto de las dos estaciones. Solo su mantenimiento supondrá una inversión anual de dos millones, sin tener en cuenta la incidencia de la red de colectores, de 14 kilómetros, en el resto de gastos del consorcio de aguas.

Fernández entiende que ese tema está por resolver y que los ayuntamientos beneficiarios deberán asumir su responsabilidad y decidir qué fórmula usar. No es la primera vez que se plantea la integración en el consorcio de aguas del Gran Bilbao, aunque el propio organismo comarcal podría dimensionarse para asumir ese trabajo o encargar la explotación a una empresa a cambio de un pago.

Parece claro que las tarifas de agua tendrán que subir. No se trata de un incremento desproporcionado, pero en algunas de las localidades beneficiadas por el saneamiento, el punto de partida es cero, y en otras, como Llodio, el metro cúbico se paga a 0,34 euros, cuando el coste del mantenimiento será en torno al doble. La entrada en servicio del saneamiento del Alto Nervión supondrá triplicar el presupuesto actual del consorcio.

El mismo gestor se tendrá que encargar de atender las necesidades de la juntas administrativas que han iniciado el debate para analizar su incorporación al servicio, un proceso pendiente desde la creación del consorcio ayalés, pero que el presidente, Txebi Etxebarria, ha retomado. Su incorporación obligará a adoptar soluciones, desde pozos sépticos individualizados con minidepuradoras como las de Zuaza y Respaldiza, a conexiones a la red general. Son caras y deberían asumirse entre todas las localidades consorciadas, «por un principio de solidaridad», según Fernández.