Parece claro que la participación del público en la toma de decisiones en temas tan importantes como el medio ambiente debe ser un objetivo prioritario de las administraciones públicas de todo el mundo.
Este interés queda reflejado en documentos como el "Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente (Convenio de Aarhus)" o la Directiva de la Unión Europea 90/313/CEE del Consejo, y posteriormente, la 2003/4/CE de 28 de marzo de 2003 de acceso público a la información ambiental, que deroga la anterior.
Asimismo, la legislación española, a través de la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, también ha articulado una normativa al respecto.
En la actualidad, el Ministerio de Medio Ambiente está tramitando una nueva normativa que incorporará así a la legislación española el Convenio de Aarhus que reconoce el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente saludable, al acceso a la información y a la justicia, así como a la participación en la toma de decisiones.