La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava, a interponer un recurso de inconstitucionalidad en el plazo de tres meses contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado hoy esta organización.

Ha precisado, en un comunicado, que el recurso se fundamenta en que el Ejecutivo no ha acreditado la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto por el que se ceden las competencias en materia de policía de dominio público hidráulico a Andalucía, Aragón y Cataluña.

A su juicio, esto evidencia que "se ha tratado de incorporar al ordenamiento acortando los plazos habituales del proceso ordinario de aprobación".

Según los regantes, el proceso de reforma acumula "una serie de irregularidades" que justifican declarar nula la disposición final primera de esta ley.

Entre éstas, cita como ejemplo el hecho de que la modificación no haya sido llevada a consulta al Consejo Asesor de Medio Ambiente ni al Consejo Nacional del Agua, organismo que, en su opinión, "debería haber emitido un informe preceptivo al respecto, tal y como marca la propia Ley de Aguas en su artículo 20".

Por otro lado, Fenacore argumenta que esta reforma rompe los principios de unidad de cuenca y unidad de gestión establecidos en la legislación de aguas.

En su opinión, también se incumple la Directiva Marco de Aguas que establece que la gestión y planificación del agua debe hacerse por cuencas hidrográficas y con la participación de los interesados.

Además, los regantes han considerado que al margen de su inconstitucionalidad esta reforma es sobre todo "perjudicial para los usuarios porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos", en especial en épocas de sequía.
Por todo ello, Fenacore ha trasladado la necesidad de interponer este recurso de inconstitucionalidad a un centenar de diputados y senadores, así como a los parlamentos autonómicos para "augurar un horizonte estable del agua en España" y evitar que se atente en "forma y fondo contra la Carta Magna".