The economic strangulation of the regional network of water leads to its 'privatization'
Mon, 21/11/2011
No obstante, la privatización de la red regional de abastecimiento (cuya titularidad seguirá siendo pública) deberá resolver algunos escollos pendientes. La desalinizadora de El Prat está ahora en manos de Aguas de Barcelona, que capitaneó el grupo empresarial que se adjudicó la construcción y explotación por dos años de la planta (plazo que expira en breve); y la desalinizadora de Blanes es gestionada por Acciona, por lo que su concesión debería quedar subrogada.
El endeudamiento de ATLL es consecuencia de haber hecho grandes inversiones (interconexión de aguas del Ter y Llobregat, ampliación de la potabilizadora Abrera, una parte de desalinizadora de El Prat) sin la ayuda tarifaria o de presupuestos de la Generalitat. El ex conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, se negó en su día a incrementar la tarifa un 14,5%, pese a que ya lo había aprobado su consejo de administración. Todo eso ha lastrado la situación.
Los alcaldes metropolitanos del PSC no se oponen a una gestión privada de la red de abastecimiento en alta, pero quieren que los recursos económicos que pueda obtener la Generalitat en esta operación no sirvan sólo para financiar la deuda del Govern. Los ayuntamientos tienen problemas para financiar sus equipamientos de abastecimiento y saneamiento y la Generalitat les adeuda importantes cantidades para esa tarea.
La privatización tiene detractores. Son todos aquellos que opinan que el abastecimiento de 120 municipios no puede depender de un operador que en la práctica haría también de regulador de la tarifa. Otros sectores reclaman sobre todo que los ingresos que se obtengan vayan realmente al ciclo del agua, y no al Departament d'Economia i Finances.
El agujero económico de las obras del ciclo del agua se debe a su deficiente financiación. Los anteriores gestores, ante la escasez de recursos públicos, acudían al crédito de manera sistemática. La deuda se agravó hasta límites insospechados en la última etapa del tripartito, por lo que sus responsables políticos son para muchos los causantes indirectos de que el actual gobierno se vea abocado a privatizar ATLL.
Y el problema se agrava por que es una deuda mal estructurada de la ACA, con vencimiento continuos, pues con créditos a cuatro o cinco años vista. "La situación de la ACA es tan crítica que, incluso aunque no se hubiera cruzado la crisis, se veía que acabaría mal", dice Carcolé. Mientras, el ACA ha logrado un preacuerdo con los bancos para reestructurar su deuda del 2012 y obtener una liquidez crediticia de unos 400 millones para pagar a proveedores y cubrir el déficit.
La situación ha obligado a imponer recortes de gastos ordinarios; y las inspecciones y controles de los ríos se hacen sin asistencias técnicas externas. Carcolé admite que la reordenación en marcha en la ACA hará que los empleados "trabajen de forma menos cómoda y más intensa", pero dice que está garantizada el correcto saneamiento de las aguas y cumpliendo los criterios legales de calidad.
El endeudamiento de ATLL es consecuencia de haber hecho grandes inversiones (interconexión de aguas del Ter y Llobregat, ampliación de la potabilizadora Abrera, una parte de desalinizadora de El Prat) sin la ayuda tarifaria o de presupuestos de la Generalitat. El ex conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, se negó en su día a incrementar la tarifa un 14,5%, pese a que ya lo había aprobado su consejo de administración. Todo eso ha lastrado la situación.
Los alcaldes metropolitanos del PSC no se oponen a una gestión privada de la red de abastecimiento en alta, pero quieren que los recursos económicos que pueda obtener la Generalitat en esta operación no sirvan sólo para financiar la deuda del Govern. Los ayuntamientos tienen problemas para financiar sus equipamientos de abastecimiento y saneamiento y la Generalitat les adeuda importantes cantidades para esa tarea.
La privatización tiene detractores. Son todos aquellos que opinan que el abastecimiento de 120 municipios no puede depender de un operador que en la práctica haría también de regulador de la tarifa. Otros sectores reclaman sobre todo que los ingresos que se obtengan vayan realmente al ciclo del agua, y no al Departament d'Economia i Finances.
El agujero económico de las obras del ciclo del agua se debe a su deficiente financiación. Los anteriores gestores, ante la escasez de recursos públicos, acudían al crédito de manera sistemática. La deuda se agravó hasta límites insospechados en la última etapa del tripartito, por lo que sus responsables políticos son para muchos los causantes indirectos de que el actual gobierno se vea abocado a privatizar ATLL.
Y el problema se agrava por que es una deuda mal estructurada de la ACA, con vencimiento continuos, pues con créditos a cuatro o cinco años vista. "La situación de la ACA es tan crítica que, incluso aunque no se hubiera cruzado la crisis, se veía que acabaría mal", dice Carcolé. Mientras, el ACA ha logrado un preacuerdo con los bancos para reestructurar su deuda del 2012 y obtener una liquidez crediticia de unos 400 millones para pagar a proveedores y cubrir el déficit.
La situación ha obligado a imponer recortes de gastos ordinarios; y las inspecciones y controles de los ríos se hacen sin asistencias técnicas externas. Carcolé admite que la reordenación en marcha en la ACA hará que los empleados "trabajen de forma menos cómoda y más intensa", pero dice que está garantizada el correcto saneamiento de las aguas y cumpliendo los criterios legales de calidad.