La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández hizo ayer una encendida defensa del trasvase Tajo-Segura rechazando los postulados del ejecutivo castellano-manchego que intenta reducir las transferencias hídricas de esta comunidad al Levante. La consellera que mantuvo una reunión de trabajo con los responsables de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 26 de agosto.

Este decreto de reforma se resume en cuanto a que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de policía (control y vigilancia) del dominio público hidráulico que corresponden ahora a las confederaciones hidrográficas. El decreto se aprobó con los votos del PSOE y la abstención del PP. A esta modificación se han opuesto la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), entre las que se encuentra Riegos de Levante, y las cinco ONG ecologistas del Consejo Asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, al considerarla «anticonstitucional» por romper las unidades territoriales de las confederaciones hidrográficas y por acabar con una política estatal del agua. En este sentido la consellera aseguró que «apostamos por defender la unidad de gestión de cada cuenca hidrográfica y un plan conjunto hídrico nacional de solidaridad interterritorial».

En presencia del presidente y vicepresidente de la comunidad de regantes, Manuel Serrano y Ángel Urbina, la consellera subrayó que el gobierno de la Generalitat «mantiene una defensa firme y contundente del trasvase Tajo-Segura tanto en la calidad como en la cantidad de las aguas a trasvasar». El mantenimiento del Tajo-Segura en su concepción actual, dijo, «es un principio irrenunciable en la política de gestión hídrica del Consell». Y arremetió a continuación contra el Gobierno de Castilla-La Mancha asegurando que esta comunidad «tiene derecho a utilizar toda el agua que necesite, pero desde aquí no vamos a permitir (que se reserve agua para) usos que no existen». Recalcó que las medidas que la Generalitat plantea se recogen en el plan de cuenca del Tajo que «aprobará el nuevo gobierno (Central) del PP trabajando con consenso y con una política hídrica de carácter nacional» Tanto Hernández como Serrano coincidieron en destacar que el trasvase es una infraestructura estratégica y vital para la economía de la provincia, porque el 62% de la agricultura se nutre de sus aportes, da servicio a 40.000 regantes, de él dependen 70.000 empleos y garantiza el abastecimiento a un millón de personas. Destacaron igualmente que la obra hidráulica reúne todos los requisitos de viabilidad y sostenibilidad, y el impacto que tiene en el conjunto de la economía y los sectores productivos de Alicante «es incuestionable». Añadieron que para el turismo, que es un motor de empleo esencial para esta zona, «el trasvase es fundamental» ya que «los municipios abastecidos concentran el 20% de la oferta de alojamiento turístico y el 50% de la oferta de segunda residencia de uso turístico».