El Consejo Consultivo de Andalucía, organismo que valora la normativa que emana del Parlamento, respaldó ayer de forma mayoritaria la proposición de Ley sobre la delegación de competencias del Guadalquivir y consideró la iniciativa constitucional, si bien en la votación del dictamen hubo tres votos negativos y una abstención. Las conclusiones de la sesión plenaria se harán públicas en su totalidad una vez se incorporen al texto los tres votos particulares.

«Ajustada al ordenamiento constitucional». Así considera el Pleno del Consejo Consultivo la iniciativa legislativa, impulsada por el Parlamento andaluz a propuesta del Grupo Socialista, para que la Comunidad autónoma recupere, por la vía de la delegación, competencias sobre el río que perdió con la anulación del artículo 51 del Estatuto por el Constitucional.

En el dictamen, informa Efe, se indica que «el Estado retiene tanto la potestad normativa como un conjunto de facultades que pueden calificarse como de coordinación y control» o de repercusión extracomunitaria, al tiempo que se mantiene la unidad de gestión de la cuenca al garantizarse los derechos de las restantes comunidades autónomas que comparten las aguas del Guadalquivir.

La Proposición de Ley tiene el carácter de normativa orgánica, por lo que una vez superados los trámites del Parlamento andaluz, será remitida a las Cortes Generales, y el Congreso de los Diputados tendrá que aprobarla o rechazarla con posterioridad a la celebración de las Elecciones Generales del próximo día 20.

El dictamen del Consultivo ha tenido como precedente otros dos informes de similares características elaborados por los servicios jurídicos del Parlamento, uno, y otro por los asesores legales de la Asociación de Regantes Feragua. Este último llegaba a la conclusión, sin ningún género de dudas, de que la proposición de Ley era inconstitucional, por cuanto la doctrina del Alto Tribunal no considera razonable «compartimentar el régimen jurídico de la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos de cada Comunidad autónoma». Por su parte, el dictamen de la Cámara andaluza, elaborado por uno de sus letrados, valoraba la iniciativa legislativa en los siguientes términos: «El procedimiento es correcto. El resultado suscitará sin duda controversia».

Otras comunidades

El informe asegura que se mantienen los derechos de las otras autonomías que comparten las aguas del río