La semana pasada se celebró en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid el segundo de los cuatro debates abiertos con los partidos políticos, dedicado al agua. Los retos de la profesión de ingeniería y la energía serán los próximos asuntos que se debatirán en estas jornadas, planteadas como preámbulo a la celebración del VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil que se celebrará en Valencia los días 23 y 24 del próximo mes de febrero.

Carlos Floriano, del PP, José María Macías, del PSOE, Adolfo Barrena, de IU, Antoni Picó, de CiU, y Manuel López Ogayar, de UPyD, expusieron los programas de sus partidos sobre el agua, recursos superficiales y subterráneos, desalación, trasvases, efectos del cambio climático, necesidades de mayor regulación de los ríos, conservación de presas, reutilización y ahorro, para mantener posteriormente un debate en el que respondieron a las numerosas preguntas del público. El redactor jefe de Economía de Onda Cero, Ignacio Rodríguez Burgos, que recordó que el agua y la política han ido de la mano desde que surgieron las primeras civilizaciones en Mesopotamia y en el Nilo, ejerció de moderador de la jornada.

Tras las palabras de presentación del presidente del Colegio, Edelmiro Rúa, y la introducción del director del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil, José Polimón, que animó a seguir presentando comunicaciones al Congreso Nacional de Ingeniería Civil hasta que se cierre el plazo el 21 de noviembre, el representante del PSOE, José María Macías, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, explicó que su partido propone una política de continuidad de lo realizado en estos años. El contexto de crisis, señaló, obliga a vincular la política del agua a la necesidad de recortes presupuestarios, por lo que abogó por un uso responsable de los recursos, la sostenibilidad y la solidaridad intergeneracional: “Hay que combatir el derroche y la ineficiencia y preservar el patrimonio natural”.

Macías afirmó que las plantas de desalación y las infraestructuras realizadas “nos han permitido superar la peor sequía de los últimos años” y señaló que ahora que el Plan Hidrológico Nacional está prácticamente completado es el momento de pasar a buscar una explotación más racional y de defender los valores ecológicos de los ríos. En este sentido aseguró que su partido no está en contra de los trasvases, siempre que se respeten los caudales ecológicos, que se deben aprobar los planes hidrológicos de cuenca, que hay que desarrollar una nueva legislación que permita reducir la contaminación, reformar las tarifas y modernizar los regadíos para ahorrar agua y energía.

Durante el debate y en respuestas a las preguntas de los asistentes, Macías expresó su convicción de que la seguridad de las presas españolas es muy alta, que el trasvase del Ebro “no nos gusta por motivos económicos y medioambientales”, que su partido apuesta por el agua desalada y reciclada y por la modernización de regadíos para Murcia, que creen en la unidad de cuenca pero respetando las particularidades de las Comunidades Autónomas y que no invertir en innovación “es muy mal negocio para España ya que es la única salida para la crisis”.

El secretario de Comunicación del Partido Popular, Carlos Floriano, lanzó una invitación al resto de partidos para alcanzar un pacto del agua nacional y lamentó que la pasada legislatura se haya perdido en “derogar, aprobar y volver a derogar lo aprobado”. Explicó que la situación actual en España es que hay escasez de agua en algunas zonas y en algunas épocas e inundaciones y desbordamientos en otras zonas y en otras épocas y que no cumplimos con los compromisos europeos ni en depuración ni en unidad de cuenca.

Asimismo, Floriano aseguró que actualmente hay una situación caótica con las desaladoras _algunas construidas y no operativas, otras a medio construir, otras comprometidas y no realizadas_ que es insostenible. Ante la necesidad de buscar un “mix” de agua adecuado, afirmó que cuando estuvieron en el Gobierno le otorgaron absoluta prioridad al trasvase del Ebro, pero que ahora hay unas desaladoras “que no vamos a achatarrar” y destacó que el PP “no es partidario de derogar lo que está hecho, sino de buscar fórmulas para resolver los problemas con los recursos disponibles”.

Para concluir, el representante del PP expresó su deseo de alcanzar un pacto nacional del agua, basado en la transparencia, la participación de todos, la sostenibilidad económica, medioambiental y social, la solidaridad interterritorial y la unidad de cuenca, que garantice el suministro en cantidad, calidad y precio. Pidió que se aprueben los planes hidrológicos de cuenca, que se impulsen las obras de regulación necesarias, que se busque la forma de poner en valor los recursos y las infraestructuras de las que disponemos y que el agua no se utilice más como arma de confrontación política ni electoral.

Antoni Picó, asesor del Grupo Parlamentario de CiU, señaló que la política del agua debe enfocarse desde tres perspectivas: las infraestructuras, la financiación y la organización administrativa. Recordó que España incumple la normativa europea de planes de cuenca y reivindicó que “las Comunidades Autónomas con cuencas propias deben tener capacidad de decidir”.

Picó explicó que CiU es partidaria de políticas para incentivar el uso racional del agua y su reutilización y la recuperación de acuíferos subterráneos, pero que sólo se plantea la desalación como último recurso por sus elevados costes. Se mostró partidario del trasvase del Ródano a Cataluña, de una tarifa social y de la unidad administrativa y no de cuenca.

Por parte de Izquierda Unida, el responsable federal de medio ambiente, agua, energía y transportes, Adolfo Barrena, recogió el guante arrojado por Floriano y se mostró partidario de un pacto del agua, pero señaló que el agua se debe contemplar como un bien público, que es un factor estratégico que debe ser gestionado desde la administración central y que hay que tener en cuenta las consecuencias del cambio climático. Lamentó que no se pueda cumplir el plan de seguridad de las presas por los recortes presupuestarios y afirmó que de las crisis se sale con inversión en obra pública productiva. También se mostró en contra de las desaladoras y del trasvase del Ebro y señaló que, en su opinión, con la modernización de los sistemas de regadío no se ahorra agua, sino que se cultiva más superficie.

Barrena explicó que Izquierda Unida no quiere separar la política del agua de la presupuestaria, del turismo o del urbanismo y se mostró a favor de una tasa ambiental y de diferentes tarifas para familias, pymes o grandes empresas. “Hay que situar el debate para, en un plazo razonable, definir qué política de agua queremos ya que está claro que lo que hay hasta ahora no vale”.

Manuel López Ogayar, del grupo de Medio Ambiente y Energía de UPyD recalcó que España está incumpliendo la directiva marco europea sobre planes de cuenca, que somos los únicos junto con Grecia, Portugal, Bélgica y Dinamarca, y que tampoco cumplimos las directivas europeas en cuanto a calidad, saneamiento y desalación. Añadió que también se está incumpliendo el plan nacional de seguridad de las presas y que no hay ninguna coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Ogayar denunció que “España está fragmentada en 17 legislaciones”, que nuestras administraciones son redundantes, están politizadas y provincializadas, lo que impide una gestión racional del agua y “vulnera la igualdad de derechos de los españoles”. En el agua, se lamentó, “el Estado se ha dejado fagocitar por las Comunidades Autónomas e insiste en desprenderse de sus competencias”.

Ogayar señaló como puntos fundamentales del programa electoral de UPyD el retorno al Estado de todas las competencias de agua, la unidad de cuenca, la aprobación de una nueva Ley del Agua, un nuevo Plan Hidrológico Nacional, la unificación de los criterios de gestión y de los cánones y las tarifas, así como de penalizar los consumos desproporcionados.