A última hora de la tarde de ayer, la Xunta daba por controlado el vertido de dos mil litros de gasóleo en la ría de O Burgo, gracias a la colocación de diverso material absorbente y varias barreras anticontaminación. Aún así, la zona seguirá cerrada al marisqueo en los próximos días hasta que se conozcan los resultados de los análisis que se realizarán el próximo lunes para detectar la posible afectación del molusco. La historia se repite después de que, a principios de septiembre, el sabotaje en un camión produjera el derrame intencionado de 35.000 litros de queroseno. En esta ocasión y según fuentes del Gobierno gallego el vertido procede de la instalación de la estación de Repsol en Seixo.

El primer aviso del derrame se recibió el pasado martes, aunque no se apreciaron restos de la sustancia contaminante hasta este miércoles por la tarde. Ayer, la Consellería del Mar aseguraba que «apenas se apreciaba combustible». De todas formas, como medida cautelar, se decretó el cierre de toda la ría, aunque el vertido se concentra en la zona entre el puente de O Burgo y el de A Pasaxe. Por este motivo, el molusco extraído por los mariscadores esa mañana ha quedado «paralizado» en la depuradora. Al igual que en el anterior incidente, el Servicio de Guardacostas trabajan en la inspección de las aguas y de los bancos marisqueros y colaboran en las labores de minimización del vertido.

Por otro lado, la Xunta movilizó a personal del Plan de Control de Vertidos, Protección Civil y Augas de Galicia, que ya tomó una muestra de agua para determinar la carga de hidrocarburos. Aunque, en un inicio, no se detecta afección, Intecmar llevará a cabo diversos análisis el próximo lunes para evaluar la presencia de gasóleo en el marisco y decidir la apertura de la ría, total o parcial. Los resultados saldrán a la luz en un plazo de diez días.

Dos vertidos en menos de dos meses dejan a los mariscadores sin respiro. Justamente, el pasado lunes, medio centenar de trabajadores de concentraron ante la coruñesa Casa del Mar para exigir a la Xunta el pago de las cantidades que, según el colectivo, les debe la Administración autonómica por las labores de limpieza en la ría, así como la vigilancia y asistencia técnica. Los mariscadores, tanto de a pie como de flote, portaron una pancarta en la que la que se comparaba al Ejecutivo gallego con la «generación ni ni» ya que «ni paga, ni draga ni regenera». El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Coruña, Manuel Cao, explicó que se les adeudan facturas desde el mes de julio, en unos casos, y desde septiembre, en otros, sobre 160.000 euros. Por el momento «no hemos recibido explicaciones burocráticas a nuestras demandas», concluyó Cao como justificación a su protesta. vertidos de «otras fuentes puntuales significativas», en los que solo un 7 por ciento cuenta con autorización. «Es esa gravísima contaminación dispersa la que coloca a Galicia en una delicada situación medioambiental», apunta la asociación, pues estamos hablando, aseguran, de una «desidia generalizada» a los que los sucesivos gobierno municipales y autonómicos «no han sabido o querido poner coto». El estudio refleja que los ayuntamientos son responsables de 977 puntos de vertido, de los cuales 851 son directos a cauce fluvial, otros 116 son vertidos industriales (91 de ellos directos a cauces), y otros 82 proceden directamente de gasolineras.