El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró ayer que el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y la Junta de Andalucía sobre la gestión del Guadalquivir «afectará» al proceso que el Ejecutivo autonómico mantiene también abierto después de que se declarará inconstitucional la posibilidad de que la comunidad asumiera esa competencia. En el caso de Andalucía con el Guadalquivir, a diferencia de Castilla y León con el Duero, el traspaso ya se había ejecutado y el personal de esa confederación hidrográfica estaba ya en la plantilla de la Junta andaluza. El portavoz del Ejecutivo castellano y leonés, que pidió en septiembre explicaciones, examinará «qué ha pasado» para que no alcanzaran un acuerdo, informa Ical.

De Santiago-Juárez afirmó que las «dificultades» que ha tenido Andalucía para continuar gestionado el río Guadalquivir afectarán al protagonismo que la Junta ha reivindicado tener sobre el Duero. No obstante, el portavoz indicó que la devolución de las competencias por parte de Andalucía no supone un «paso para atrás» para Castilla y León, ya que fue el fallo del Tribunal Constitucional -dijo-, quien produjo una frustración en el deseo de la sociedad de Castilla y León. El consejero recalcó que «toda la sociedad» castellano y leonesa reclamaba que esa gestión de la cuenca del Duero recayera sobre el Gobierno autonómico.

Este nuevo capítulo sobre la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del Duero se produce después de que el Constitucional declare también inconstitucional el artículo del Estatuto andaluz que amparaba el traspaso de la competencia sobre el Guadalquivir. Entonces, el Ejecutivo nacional estableció una encomienda de gestión durante seis meses porque la Junta andaluza ya había asumido las competencias y el fallo de los jueces dificultaba hasta el pago de las nóminas. Esa encomienda transitoria expiró a final de septiembre.

Para Castilla y León y su pretensión sobre el Duero, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a estudiar diferentes vías. Así, la Junta solicitó a principios de septiembre al vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, una reunión de la comisión bilateral Junta-Estado para estudiar las posibilidades que tiene Castilla y León para participar de las competencias del Duero. Además, pidió explicaciones al Gobierno sobre el Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros del 26 de agosto sobre embargo preventivo de buques, pero que en una de sus disposiciones finales modifica la Ley de Aguas en lo relativo a la Policía del Dominio Público Hidráulico. Ese aspecto concreto de gestión estaba recogido en el Estatuto de Andalucía, pero no en el de Castilla y León.