El Gobierno de Feijoo ha comenzado a aplicar la política restrictiva que plasmará en el nuevo Plan Hidrolóxico para frenar la sobreexplotación que padecen los ríos gallegos por la proliferación de aprovechamientos hidroeléctricos. Ese modelo proteccionista, fruto del consenso político que los tres grupos parlamentarios fraguaron para vetar nuevas centrales en los cauces de competencia autonómica, se ha traducido en la denegación por la Xunta de la prórroga que solicitó Enel Unión Fenosa Renovables de la concesión de un aprovechamiento en el río Vexo que expiró en diciembre pasado tras 75 años de explotación.

La ejecución del criterio comprometido por el Ejecutivo autónomo para rechazar proyectos que incorporen nuevos obstáculos en los ríos se traduce, en el caso de esa minicentral de Fervenzas ubicada en el término municipal de Coirós, en la extinción del aprovechamiento que la empresa titular había cedido en alquiler a Navarro Generación. El acuerdo de la Xunta, que apareció publicado en agosto en el boletín de la provincia de A Coruña, da cuenta de la «extinción por transcurso de prazo» de la concesión otorgada originalmente en 1934.

La decisión de Augas de Galicia responde a esa apuesta del Gobierno de Feijoo por consolidar un giro en la gestión hidroeléctrica que inició el bipartito, con la paralización de 71 expedientes de nuevas minicentrales que el Ejecutivo de Fraga había autorizado en julio del 2005, cuando ya se encontraba en funciones. El actual Gobierno sostiene que el nuevo Plan Hidrolóxico implicará la denegación defi nitiva de esos 71 aprovechamientos en la cuenca Galicia Costa, donde ya están en servicio 74 centrales que suman 567 megavatios de potencia instalada.

Pero las presiones de las hidroeléctricas para aumentar su productivo negocio en los ríos gallegos de competencia autonómica no acaban en los expedientes para abrir nuevas centrales, y afectan también a la repotenciación de 26 explotaciones. En este sentido, el Plan Hidrolóxico, cuya aprobación por el Consello de la Xunta está pendiente desde julio, delimita tres zonas protegidas y determina que las empresas concesionarias tendrán que acreditar el cumplimiento de nuevos requisitos ambientales para tramitar la ampliación de sus negocios. EL NEGOCIO DE LOS RÍOS El compromiso de la Xunta para evitar más centrales en Galicia Costa vuelve el foco sobre el Ministerio de Medio Ambiente, que debe resolver 35 solicitudes en la cuenca Miño-Sil, donde funcionan 73 aprovechamientos.

La primera piedra de toque es la ampliación que el ministerio tramita en la explotación de Iberdrola en Santo Estevo, la mayor de Galicia con 899.916 kilovatios. La central de Santa Cristina, en los concellos de Parada de Sil, Montederramo y Nogueira de Ramuín, derivará agua de Santo Estevo para bombearla a una laguna elevada para su posterior turbinación. Es el segundo proyecto que presenta la concesionaria, que en el primero incluyó esa laguna dentro de un LIC (lugar de interés comunitario). Medio Ambiente ha pedido informe a la Xunta, que ya alertó del impacto del primer proyecto en una zona protegida.