El Congreso tiene previsto aprobar hoy, con los votos de PSOE y de los nacionalistas, una reforma legal urgente que da a las comunidades de Andalucía, Aragón y Cataluña competencias para inspeccionar y sancionar en los ríos. Con el texto, aprobado por urgencia en un decreto ley, Medio Ambiente pretende sortear la sentencia del Constitucional que anuló el punto más importante del Estatuto andaluz. La decisión intenta salvar la cara del PSOE de esa comunidad, aunque ha dividido al Ministerio de Medio Ambiente y generado malestar entre los diputados socialistas.
El pasado 26 de agosto, el Gobierno aprobó un decreto ley que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el que se incluía una reforma de la Ley de Aguas. El texto da "competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico" a aquellas comunidades que lo tienen en sus estatutos de autonomía (hasta el momento, Aragón, Andalucía y Cataluña, que ya tiene la gestión con una encomienda). Las comunidades tramitarán los expedientes, por ejemplo de un vertido, hasta la propuesta de resolución. No es toda la gestión que incluía el Estatuto andaluz, pero sí cede competencias de la cuenca.

La reforma legal de urgencia se justifica por la necesidad de "dar mayor seguridad jurídica a las relaciones" entre las comunidades en agua. Y hoy, previsiblemente, la ratificará el Congreso en el penúltimo pleno de la legislatura. El texto señala que es conforme a la sentencia del Constitucional de marzo pasado, que tumbó el punto más simbólico del Estatuto andaluz, la gestión autonómica del Guadalquivir. El alto tribunal anuló ese punto y recordó que, según la Constitución, las cuencas de los ríos que afectan a más de una comunidad son competencia estatal. Después, el Supremo fue en la misma línea al anular el decreto de transferencias.

La reforma no fue un camino de rosas y responde al empeño del vicepresidente Manuel Chávez; su mano derecha, Gaspar Zarrías; el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y la ministra de Medio Ambiente, la andaluza Rosa Aguilar, que hoy defenderá la ley en el Congreso. El PSOE andaluz ha hecho de la gestión del Guadalquivir una bandera y en año electoral ni el Constitucional le arredra.

El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, y la directora general, Marta Morén, se fueron a Australia a un congreso de desalación mientras el Gobierno aprobaba el texto, del que se han desentendido. Ante la posibilidad de introducir la reforma como enmienda en el Senado en la Ley de Titularidad Compartida, el director general de Desarrollo Rural, Jesús Casas, se negó, según fuentes próximas al departamento.
"A algunos no nos gusta y va en contra de lo que estábamos preparando en el programa. Si una comunidad autónoma lo leva al Constitucional tiene muchas posibilidades de ganarlo otra vez, pero los andaluces se han empeñado", resume un diputado socialista. Otra fuente explica que el problema no es nuevo y que se gestó al aprobar los estatutos la pasada legislatura. Y ahora hay que aplicarlos.

La prueba de la división socialista es que el Estatuto andaluz lo recurrió Extremadura, con un Gobierno del PSOE. En 2010, el partido pidió una reforma en dirección contraria. Entonces reclamó unificar competencias autonómicas en "un ente gestor global dependiente de la Administración General del Estado que coordinará todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas y sus interdependencias".

El PP votará, previsiblemente, en contra de la reforma legal exprés en el Congreso, aunque en Andalucía ha apoyado textos que van mucho más allá a favor de las autonomías y Javier Arenas se ha apuntado a la gestión andaluza de la cuenca. Además, la Junta de Castilla y León, del PP, ha pedido para el Duero el mismo trato que Andalucía con el Guadalquivir. La ponente del estatuto de Castilla y León en el Congreso fue Soraya Sáenz de Santamaría, hoy portavoz del Grupo Popular, y defendió la reforma que anuló el Constitucional.

En ambos casos, la mayor parte de la cuenca está en la comunidad autónoma, pero como los ríos no respetan las fronteras, afectan a otras regiones. El 90,2% de la cuenca del Guadalquivir (no solo el río, también sus afluentes) está en Andalucía, pero el resto toca a Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Allí, la competencia de inspección la mantendrá el Gobierno. Lo mismo ocurre en el tramo español del Duero. El 96,12% de la cuenca está en Castilla y León, aunque hay restos en Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Asturias. Ahora, Cataluña y Aragón inspeccionarán su tramo de la cuenca del Ebro y en las otras siete comunidades lo hará la confederación, dependiente del ministerio. Al menos hasta que el resto de comunidades reformen sus estatutos.

El intento de sortear el fallo del Constitucional encuentra duras críticas: las ONG ecologistas, presidentes de las confederaciones, además de muchos de los funcionarios del área, regantes, catedráticos en derecho e ingenieros se oponen de plano. Antonio Fanlo, catedrático de Derecho Administrativo de La Rioja, opina que la reforma "es un auténtico disparate". "Crean un galimatías jurídico. Ni se entiende qué es lo que se traspasa a las comunidades. Es confuso y contradictorio. Si es la policía de aguas no respeta al Constitucional", añade.

Fanlo critica que España olvide que fue el país pionero en la unidad de cuenca, el principio por el que toda la cuenca se gestiona de forma conjunta, sin otras divisiones administrativas, desde el nacimiento a la desembocadura. Y recuerda que en 1865 España creó las "divisiones de trabajos hidráulicas" en las principales cuencas y, en 1926, las confederaciones hidrográficas, que han llegado hasta hoy. "Ahora es Francia la que exporta el modelo a todo el mundo mientras España va en dirección contraria", lamenta.