La asociación Ecologistas en Acción en Andalucía reclamó ayer al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que «dejen de repartirse competencias de la gestión del río Guadalquivir como si fueran caramelos» y establezcan una «gestión unitaria» para el mismo.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía, Dolores Yllescas, reconoció no conocer «en profundidad» la reforma de la Ley de Aguas que aprobó este viernes el Consejo de Ministros, y que el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, valoró este sábado como «una puerta a una solución estable, integral y compartida» entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central en la gestión del río Guadalquivir.

A juicio de Yllescas, dicha directiva defiende una «gestión unitaria» para los ríos, algo que, según la portavoz de Ecologistas en Acción, también ha señalado el Tribunal Supremo (TS), que «ha dictaminado que la gestión de un río corresponde al Estado cuando la cuenca es intercomunitaria», como sería el caso del Guadalquivir.

En la misma línea camina la citada organización ecologista, que apuesta por «no compartir» la gestión del río Guadalquivir, que debería quedar «en manos de un solo ente, el que sea», que sería el responsable de administrar así infracciones, demandas y planes de gestión.

No obstante, la portavoz ecologista señaló que su organización «no está satisfecha» con la gestión que ha realizado la Junta de Andalucía en esta materia, «ya que no controla la demanda, lo que puede ser un peligro en tiempos de sequía».

Por ello, Ecologistas en Acción preferiría que fuera el Gobierno central y no la Junta de Andalucía quien asumiera las competencias del Guadalquivir, además de porque «no es sólo andaluz, aunque sí mayoritariamente, por lo que, en ese caso, deberían tomar parte de su gestión otras comunidades autónomas».

Por su parte, el sábado, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan José Díaz Trillo, señaló en rueda de prensa que la reforma de la Ley de Aguas «permite asumir a Andalucía la gestión de policía de aguas, lo que significa una parte de competencias propiamente andaluza en la gestión» del citado río, que se traducirá en unos días en un decreto ley para que Andalucía asuma estas funciones.