Habrá gestión "compartida" e "integral" del Guadalquivir, pero el Gobierno tendrá siempre "la última decisión en muchos de los temas". Esas son las líneas maestras del nuevo modelo de gestión del río avanzadas ayer en Jaén por el secretario de Estado de cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. "Se reconoce el peso que Andalucía debe tener en esta cuestión", aseguró.

El acuerdo entre ambas administraciones, que está prácticamente cerrado, se perfilará en la segunda semana de septiembre, cuando está prevista la celebración de la comisión bilateral de cooperación. En esa reunión, la Junta y el Gobierno de España analizarán varios asuntos que competen a ambas administraciones. El más espinoso, sin duda, es el nuevo modelo de gestión del río Guadalquivir. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional anuló el pasado marzo el traspaso de competencias exclusivas a Andalucía de las aguas de la cuenca que transcurren por la comunidad. Como arreglo temporal y de emergencia, el Estado encomendó la gestión del río a la Junta durante un periodo de seis meses. El plazo expira el próximo 6 de octubre.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves sentaron las bases en su reunión del pasado martes y ahora solo queda ultimar el acuerdo. Zarrías, que calificó el encuentro entre el presidente de la Junta y el vicepresidente de Política Territorial como "altamente positivo", esbozó cómo será ese nuevo modelo, que sustituirá al que se recogía en el Estatuto de Andalucía y que fue anulado por el Constitucional. "Será totalmente respetuoso con la sentencia del tribunal", aseguró en varias ocasiones el secretario de Estado. La idea principal es que la gestión del Guadalquivir será "integral": "El río no se compartimenta, no se parte en trozos, porque tiene unidad de cuenca", explicó. Pero, además, la gestión también será "compartida" por el Gobierno de España y la Junta: "Habrá una parte importante de la gestión que será encomendada a la comunidad andaluza, con lo que se reconoce el peso que la región debe tener. Y será el Estado el que tenga la última palabra en determinados asuntos", matizó sin querer profundizar más en la cuestión. En el trasfondo, subyace la planificación de los recursos hídricos de la cuenca. No obstante, Zarrías aclaró que todavía hay varios aspectos que se deben delimitar. Eso sí, el secretario de Estado dejó claro que el acuerdo se firmará "con toda seguridad" antes de que concluya la encomienda transitoria, el próximo 6 de octubre, y que respetará y no menoscabará "ni un ápice" la sentencia del Constitucional.