En 2015, la Unión Europea quiere que todas las masas de agua (ríos, embalses y acuíferos) se encuentren en un buen estado ecológico. Es decir, que sean lo más naturales posible a pesar de los diferentes aprovechamientos y presiones que sufren, tanto humanas como económicas. En la actualidad, un tercio de los cauces valencianos (33%) se encuentran por debajo de los niveles exigidos, un problema en el que la presión urbanística e industrial, con los inevitables vertidos, ha tenido una gran responsabilidad con el paso de los años.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el número de urbanizaciones aisladas que carecen de red de colectores o sistemas de depuración para tratar sus aguas fecales ascienden a 407, y están distribuidas en 115 municipios. Son miles de viviendas que aportan su granito de arena a la contaminación orgánica de los ríos. Además, otras 39 localidades cuentan con 57 polígonos industriales en sus términos municipales con el mismo problema. Las consecuencias se notan tanto en los ríos como en las masas de aguas subterráneas, con las consiguientes pérdidas de calidad ambiental.

La problemática no es nueva, aunque preocupa. El Esquema Provisional de Temas Importantes del futuro plan de cuenca del Júcar, una especie de borrador de la normativa que regirá la gestión de los recursos valencianos en las próximas décadas, dedica un apartado a analizar la situación y plantear medidas: desde una mayor eficacia en la depuración para eliminar residuos orgánicos hasta ingentes actuaciones de modernización, muchas de las cuales se encuentran en el limbo ante la dificultad de acometer inversiones públicas por la crisis.

El informe de la Confederación apunta a que la mayoría de aglomeraciones urbanas sin alcantarillado «se concentran en la franja costera de la provincia de Alicante y en los municipios más o menos próximos a la ciudad de Valencia». En cuanto a zonas industriales, al área metropolitana se le suman los municipios del río Albaida y del Mijares. Sin duda, el cauce más afectado es el Turia, que 'soporta' la presión de 134 urbanizaciones sin la necesaria infraestructura. En otras palabras, los puntos más problemáticos coinciden con crecimientos residenciales fuera de ordenación e incluso ejecutados ilegalmente en terrenos no urbanizables.

En el buen estado ecológico de los ríos influye de forma determinante la calidad del agua, que se mide en base a características químicas y físico-químicas, una información que adjunta el informe y que deja entrever el largo camino que queda por recorrer. Respecto a las primeras, el 6% de las masas de agua presentan una carga contaminante superior al máximo exigible, mientras que en las segundas el dato es de 59 tramos de ríos, el 21%.

Entre las medidas a tomar que plantea la Confederación destaca la ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Aprobado en 2005, prevé una inversión para la Comunitat de 2.080 millones de euros hasta el año 2015, de los que 300 se han destinado a mejoras en núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes que no están conectados a ninguna estación depuradora. El resto debe servir para cumplir con las exigencias ecológicas que plantea la Directiva Marco del Agua y para paliar situaciones futuras. En la actualidad, están en ejecución o finalizadas las obras de alcantarillado en 16 municipios, según los datos que maneja la Confederación, que también destaca las 29 intervenciones propuestas por la Generalitat en nuevos desarrollos urbanísticos.

Además, el citado Plan Nacional también debía servir para culminar las mejoras planteadas en el anterior programa, iniciado en 1995, con el objetivo de cumplir con la directiva europea 91/271/CEE, que obligaba a todos los núcleos mayores de 2.000 habitantes a estar conectados a redes de colectores y a plantas depuradoras a lo más tardar en 2005. Seis años después, miles de viviendas valencianas siguen a la espera de inversiones.