Ocho organizaciones de regantes, de ingenieros, arroceros y el Foro del Agua han "clamado" hoy por la devolución "urgente" al Estado por parte de la Junta de Andalucía de todas las competencias de gestión sobre el Guadalquivir, como han recordado que decidieron el Tribunal Constitucional y el Supremo.

En la petición, concretada en un manifiesto común, las organizaciones subrayan la necesidad de devolver la cuenca del Guadalquivir al ordenamiento constitucional "sin más parches ni dilaciones" y que la Junta no adopte otras decisiones jurídicas cuando en septiembre se acabe la actual encomienda de gestión.

Se han adherido la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía Feragua, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía y el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur.
Además, se han sumado a esta petición Asaja Andalucía, REGA-Andalucía, la Federación de Arroceros de Sevilla y el Foro del Agua.

Los representantes de las organizaciones han coincidido en resaltar la "incertidumbre" que ha supuesto el traspaso de la gestión del Guadalquivir del Estado a la Junta desde hace dos años, así como la ruptura del concepto de unidad de cuenca y el hecho de que se está haciendo una gestión del río política en vez de técnica.

El presidente de los regantes españoles, Andrés del Campo, ha afirmado que el traspaso de competencias fue "un paso atrás" en la gestión del río, que debe realizarse por cuencas, como se empezó en España en 1928 y recomienda la UE, y ha señalado que el caso del Guadalquivir es un "mal precedente" para el resto del país.

Ricardo Serra, presidente de Asaja-Andalucía, ha pedido a la Junta que "no se invente otro cuento" cuando en septiembre próximo acabe la encomienda de gestión, y ha lamentado que la "sociedad civil" le tenga que recordar a la Administración la necesidad de que se cumplan las sentencias judiciales.

La presidenta de los regantes andaluces, Margarita Bustamante, por su parte, no ha descartado movilizaciones en caso de que persista el actual sistema de gestión del río, que ha calificado como "caótico" por los continuos cambios de directivos y que también ha provocado perjuicios económicos a los ciudadanos.

Julián Borja, presidente de los arroceros de Sevilla, ha dicho que el traspaso de competencias ha sido "lo más negativo" para el sector agrícola después de la sequía y además ha supuesto "meter en el cajón" un proyecto del Estado para modernizar el regadío que costó 2,8 millones de euros.