Las aguas del río Agrio y del arroyo Los Frailes, afluentes ambos del río Guadiamar, contenían, entre otros elementos, arsénico, boro, cadmio, plomo, manganeso, hierro y níquel después de que a principios de abril de 2010 recibiesen un vertido de residuos tóxicos procedente de las balsas de la antigua mina de Aznalcóllar, abandonada desde que se produjera el desastre medioambiental de 1998, el mayor de la historia de Andalucía.

Los expertos del Instituto Nacional de Toxicología encontraron en las muestras de agua recogidas por la Guardia Civil en los cauces afectados hasta siete metales diferentes, según recoge el informe elaborado por estos especialistas a instancias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que investiga posibles responsabilidades penales por parte, precisamente, de la Junta de Andalucía, que tiene a su cargo el mantenimiento de lo que queda de la explotación minera a través de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental de Andalucía (Egmasa), hoy convertida en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Pero el informe de Toxicología, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, no se limita a enumerar los elementos químicos presentes en el agua del río Agrio y del arroyo Los Frailes. Además, los técnicos que firman el documento advierten de que en las muestras analizadas hay «elementos cancerígenos» que podrían llegar a causar graves daños a la salud si, por alguna circunstancia, el agua llegase a ser consumida por el ser humano.

De hecho, Toxicología destaca que el agua de la que procedían las muestras examinadas a petición del juez Francisco Javier Carretero no se puede verter al medio natural sin un tratamiento previo de descontaminación. Del elevado grado de toxicidad del caudal de estos afluentes del Guadiamar ya dio cuenta el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado en el atestado que realizó tras el vertido detectado en abril del año pasado, que causó la muerte de miles de barbos, carpas y lisas, entre otras especies de peces, que perecieron por anoxia, por la falta de oxígeno causada por la oxidación de los metales pesados.

Este informe es, precisamente, uno de los pilares sobre los que se sustenta la investigación judicial que lleva a cabo el Seprona y en base al cual podría llegar a imputarse a los responsables del vertido un presunto delito contra el medio ambiente.

De los daños exactos que en el medio natural produjo el desembalse de residuos desde una balsa de la antigua mina de Boliden no hay aún noticia, a pesar de que el órgano instructor solicitó un informe sobre esta cuestión a la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla.

A esta petición, los responsables del departamento del consejero José Juan Díaz Trillo respondieron que no se podían valorar los daños en base a los datos aportados.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor aún no ha llamado a declarar a ninguna persona en relación con el vertido de la mina de Aznalcóllar detectado en abril de 2010, aunque tras el verano podrían ser citados los responsables directos del mantenimiento del yacimiento, adscritos a la hoy bautizada Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y anteriormente denominada Egmasa.