Rousseff inaugurates the works to the hydroelectric plant in Amazonia

Wed, 06/07/2011

EFE

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, inauguro hoy las obras de desvío del río Madeira, el principal afluente de la hidroeléctrica Santo Antonio, central que a partir de diciembre generará energía en el amazónico estado de Rondonia.

"La hidroeléctrica Santo Antonio representa la retomada de las inversiones en la generación de electricidad en el país", afirmó Rousseff al inaugurar las obras, según la Presidencia de Brasil.

Para Rousseff, la hidroeléctrica "representa un momento histórico para Brasil".
"Estamos viendo que las aguas comenzaron a moverse. Se concreta así un proyecto de la más importante relevancia para Brasil y volvemos a pensar en nuestro desarrollo. Y no es un desarrollo cualquiera, pues nos va a conducir al crecimiento económico", apuntó.

Según la mandataria, Brasil crecía en forma desigual y la hidroeléctrica "forma parte de una visión de desarrollo regional equilibrado".

"Rondonia tiene potencial, riquezas minerales, posibilidad de una producción de granos, pesca, madera. Entonces es fundamental que Rondonia tenga energía firme y de calidad", subrayó.

La concesionaria de la obra, Santo Antonio Energía, indicó que con el desvío del río se comenzará con el proceso de abastecimiento gradual de agua del lago artificial y con la construcción de una cuarta planta de fuerza en el eje natural del afluente.

La hidroeléctrica de Santo Antonio, con capacidad de 3.100 megavatios, comenzó a ser construida en 2008 y deberá entrar en operación en diciembre del presente año.

Sobre el impacto ambiental, el ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, indicó que la obra tiene un "cuidado especial" en ese asunto y por eso se destinaron 1.300 millones de reales (unos 831,7 millones de dólares para programas "compensatorios y sustentables".

El proyecto de Santo Antonio, que genera 18.000 empleos, es diferente y menor al de la hidroeléctrica de Belo Monte, también en la Amazonía y que ha generado una fuerte polémica entre los ambientalistas, que se oponen a la iniciativa, y el Gobierno, que la defiende.