La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha recibido con sorpresa el anuncio por parte del secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, Juan Paniagua, de que los gobiernos central y autonómico barajan varios planes para dar una solución al Guadalquivir, sin descartar un «alargamiento de la encomienda de gestión» sobre el río.

Esa medida, anunciada en el transcurso de la reunión del Consejo Andaluz del Agua, celebrado en Málaga, supondría en la práctica una prórroga de la situación de provisionalidad en la que vive esta cuenca. Una opción que Feragua considera «un fraude de ley y un menosprecio del Estado de Derecho» y a las sentencias de Tribunal Constitucional y del Supremo.

Paniagua aseguró ayer que el Gobierno andaluz está trabajando con el objetivo de acaparar las máximas competencias de gestión posibles, llegando a anunciar que la administración estatal está planteándose acometer una reforma de la Ley de Aguas estatal y de las confederaciones hidrográficas.

La presidenta de la asociación de regantes, Margarita Bustamante, lamentó que ése sea uno de los escenarios posibles barajado por ambas administraciones, después de haberse señalado reiteradamente que la situación era provisional e improrrogable. Bustamente considera que, de consumarse esa prórroga, aumentaría el caos y la situación de interinidad que vive la cuenca después de que el Constitucional y el Supremo declararan la inconstitucionalidad de la transferencia de gestión a la Junta.

Feragua había decidido hace unos días recurrir la encomienda de gestión sobre el Guadalquivir otorgada por el Gobierno central a la Junta de Andalucía, por considerarla un fraude de ley y una maniobra política dilatoria ante la sentencia del Constitucional, que exige la devolución de las competencias de gestión del Guadalquivir al Estado.

Feragua había recibido en el trascurso de varios encuentros buenas palabras de los primeros representantes de las administraciones hidráulicas implicadas, tanto de Joaquín Castillo, por parte de la administración central, como de Juan Paniagua por parte de la andaluza, con la promesa de que en estos seis meses «se va a dar una solución definitiva para el Guadalquivir», descartando que la provisionalidad se fuera a prorrogar.