España tiene el doble de planes hidrológicos que otros países europeos con el mismo número de ríos principales (siete), cuya política hidrológica es "menos compleja, consiguiendo así una mayor coordinación en la gestión del agua y una menor inversión pública en medios técnicos y humanos en esta materia", según el informe 'Planes hidrológicos de cuenca en Europa' de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

Concretamente, el informe señala que España tiene 25 demarcaciones demográficas, mientras que Portugal y Alemania cuentan con diez, Francia tiene doce e Italia ocho. Así, el trabajo pone de manifiesto que "mientras que Europa tiende a optimizar al máximo sus recursos hídricos organizando la gestión del agua bajo el paraguas de los ríos de mayor tamaño, la corriente española es a la inversa".

Según informa Fenacore, el trabajo elaborado con motivo del XXIX Congreso Nacional de Riegos que comienza este martes en Córdoba indica que en España "se multiplican las demarcaciones hidrográficas para hacerlas coincidir con las fronteras territoriales de las distintas provincias debido a las presiones que ejercen las propias comunidades autónomas".

También denuncia que esta política "no se ajusta a la Constitución, ya que tal y como recoge la carta magna en sus artículos 149 y 18, la gestión de cuencas supraterritoriales o intercomunitarias corresponde exclusivamente al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas". Asimismo, precisa que cada isla canaria tiene su propia política hidrológica, así como Ceuta y Melilla después de escindirse de la demarcación hidrológica del río Guadalquivir.

Este informe de Fenacore también asegura que España "está volviendo al mismo modelo administrativo del siglo XIX, mientras que en los países del entorno se propicia una organización institucional común donde las cuencas intracomunitarias son gestionadas por las demarcaciones hidrográficas dependientes de la Administración Central".

Concretamente, recuerda que este modelo administrativo decimonónico tuvo su origen con la fundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1926 y, a su juicio, este regreso supone "romper frontalmente con el principio de unidad de cuenca que ha inspirado toda la normativa europea en esta materia".

Asimismo, advierte de que esta tendencia de "provincializar" la gestión de los ríos conlleva un reparto del agua basado en las prioridades de un territorio concreto "y pone en peligro los intereses generales" y avisa de que estos planes "pueden llevar a una falta de rigor en la toma de decisiones sobre la gestión del agua".

Finalmente, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo", aboga por que el agua "siga siendo un bien común, distribuida de un modo equitativo entre todos los habitantes de cada país y no los que la tengan más cerca". En este sentido, defiende que esto se consigue "con independencia política" y ha afirmado que "sólo así se conseguirá que la distribución del agua responda a criterios técnicos y no políticos, evitando cualquier tipo de conflictividad social".