The Government will not negotiate about the Duero until after the 22 of March
Thu, 14/04/2011
El Gobierno considera que lo más razonable es esperar a las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo y a la configuración del nuevo Ejecutivo en Castilla y León para la convocatoria de la Comisión Bilateral sobre el Duero.
Esta es la posición del Gobierno central, según explicaron a la agencia Ical fuentes del Ministerio de Política Territorial, que dirige el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ante la petición formulada por sendas cartas del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a Rodríguez Zapatero, y del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al responsable del departamento con competencia en la relación con las autonomías.
El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, preside hasta el 1 de julio la Comisión Bilateral Junta-Estado, órgano donde se dictaminan las relaciones entre ambas administraciones.
Además, el Gobierno no ha terminado el análisis en profundidad de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la competencia sobre las aguas de la cuenca del Duero y de la cuenca del Guadalquivir que recogieron los estatutos de autonomía de Castilla y León y de Andalucía, según explicaron las mismas fuentes, motivo por el que explicaron que no se dan las condiciones para atender ahora a la petición de la Junta. Sin embargo, las mismas fuentes garantizaron que el modelo que se adopte será igual para todas las comunidades, se tendrán en cuenta los estatutos y la singularidad y consideración de cada autonomía.
Precisamente, el presidente de la Junta evidenció que Castilla y León sólo tiene un representante en el órgano de la Cuenca del Duero cuando el 98% de sus aguas discurre por la Comunidad.
El presidente de la Junta y el consejero de la Presidencia remitieron el pasado 5 de abril las cartas a Rodríguez Zapatero y a Chaves para ver si se puede negociar una fórmula constitucional que permita a Castilla y León tener «peso y protagonismo» en la gestión y usos del agua de la cuenca. La Junta mantiene que existe margen a través de la delegación o transferencia de servicios y funciones por ley Orgánica después de que la participación en la Cuenca del Duero no sea posible a través del Estatuto.
Esta es la posición del Gobierno central, según explicaron a la agencia Ical fuentes del Ministerio de Política Territorial, que dirige el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ante la petición formulada por sendas cartas del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a Rodríguez Zapatero, y del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al responsable del departamento con competencia en la relación con las autonomías.
El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, preside hasta el 1 de julio la Comisión Bilateral Junta-Estado, órgano donde se dictaminan las relaciones entre ambas administraciones.
Además, el Gobierno no ha terminado el análisis en profundidad de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la competencia sobre las aguas de la cuenca del Duero y de la cuenca del Guadalquivir que recogieron los estatutos de autonomía de Castilla y León y de Andalucía, según explicaron las mismas fuentes, motivo por el que explicaron que no se dan las condiciones para atender ahora a la petición de la Junta. Sin embargo, las mismas fuentes garantizaron que el modelo que se adopte será igual para todas las comunidades, se tendrán en cuenta los estatutos y la singularidad y consideración de cada autonomía.
Precisamente, el presidente de la Junta evidenció que Castilla y León sólo tiene un representante en el órgano de la Cuenca del Duero cuando el 98% de sus aguas discurre por la Comunidad.
El presidente de la Junta y el consejero de la Presidencia remitieron el pasado 5 de abril las cartas a Rodríguez Zapatero y a Chaves para ver si se puede negociar una fórmula constitucional que permita a Castilla y León tener «peso y protagonismo» en la gestión y usos del agua de la cuenca. La Junta mantiene que existe margen a través de la delegación o transferencia de servicios y funciones por ley Orgánica después de que la participación en la Cuenca del Duero no sea posible a través del Estatuto.