Herrera pleads to fortify the capacity of management of the Duero, but “without urgency”

Wed, 13/04/2011

La Opinión. El Correo de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer en Madrid que Castilla y León «no puede estar infrarepresentada» en la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), con un solo miembro de entre 17, sino que es necesario «fortalecer la capacidad de decisión de Comunidad en términos de gestión». Si bien apuntó que, a diferencia de Andalucía, en Castilla y León no existe ninguna «urgencia».

El presidente, que hizo estas declaraciones durante su visita al Salón de Gourmets coincidiendo con la reunión que ayer se celebró en Valladolid para abordar la situación con los colectivos sociales, económicos y agrarios, recordó que la reivindicación plasmada en al artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía «no fue un capricho de la Junta» sino fruto de una «posición de Comunidad». Una postura consensuada por las fuerzas políticas pero también por las organizaciones que ayer participaron en el encuentro de trabajo.

Herrera defendió la necesidad de «emprender todos los caminos posibles» para «encontrar todas aquellas fórmulas que, dentro de la legalidad, permitan la gestión del Duero por parte de la Junta» pero, subrayó, «huyendo de cualquier tipo de soberanismo». Además, reconoció que el actual es un «momento complicado para las pretensiones autonómicas aunque sean tan razonables como las de Castilla y León». Mientras, la Junta y los agentes económicos y sociales reafirmaron y reforzaron ayer el pacto de Comunidad para que Castilla y León tenga «peso y protagonismo» en la gestión de la Cuenca del Duero y para que se busque la mejor fórmula en la negociación con el Gobierno central con el objetivo de conseguir la aspiración histórica de tener capacidad en las decisiones que se tomen sobre los usos y protección del agua por el órgano de cuenca.

El Gobierno regional cerró ayer la ronda de reuniones abierta para abordar la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía relativo a la competencia sobre las aguas, buscar vías constitucionales para abrir una negociación con el Ejecutivo central y reforzar el pacto político y social, que es el «gran acuerdo de Comunidad» con el que la Junta irá a las reuniones con el Gobierno.