La Junta de Andalucía y el Gobierno firmarán finalmente el próximo jueves en Madrid el convenio de encomienda de gestión para que el Ejecutivo autonómico se haga cargo por un periodo transitorio no prorrogable de seis meses de la gestión del río Guadalquivir.
La firma del convenio estaba inicialmente prevista para el lunes 4 de abril, pero ambas partes han debido modificar la fecha para que el documento sea aprobado antes por el Consejo de Gobierno de la Junta, lo que se producirá el martes 5 de abril, confirmaron a EFE fuentes de los dos ejecutivos.
El convenio será por tanto firmado por las dos partes el próximo jueves (12:00 horas) en la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en un acto al que asistirán la titular de este departamento Rosa Aguilar y el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo.
La comisión bilateral constituida por el Gobierno y la Junta acordó la semana pasada la firma de este convenio de encomienda de gestión que permitirá al Gobierno andaluz hacerse cargo de la gestión del Guadalquivir durante seis meses, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que consideró nulo el artículo 51 del Estatuto de autonomía andaluz.
El artículo otorgaba al Gobierno autonómico la competencia exclusiva sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir y fue recurrido por la Junta de Extremadura, ya que por esta comunidad discurre una pequeña parte del curso del río.
A partir de la firma del convenio, una subcomisión integrada por seis representantes de la Junta y otros seis de la Administración central trabajará durante seis meses para lograr un nuevo modelo de gestión del río Guadalquivir en el que Andalucía aspira a tener el "mayor protagonismo posible", dentro del nuevo escenario jurídico que marca la sentencia del Constitucional.
La encomienda será "dique de seguridad" que garantice la validez del periodo transitorio hasta cerrar el modelo definitivo y declarará que los actos y resoluciones ya dictados no son susceptibles de ser revisados, según la Junta.
Sobre las competencias que fijará, sostiene que serán "básicamente" las mismas que antes de la sentencia del TC, de forma que la Junta gestionará los recursos y aprovechamientos hidráulicos, mientras el Estado dará cumplimiento a la sentencia del Alto tribunal.