No es cuestión de saltarse la ley ni de estar en desacuerdo con el tribunal que garantiza que se respete el espíritu de la Constitución de 1978, pero tampoco es cuestión de dejar el Guadalquivir, un río "andaluz", en palabras de los responsables de los tres partidos con representación en el Parlamento autonómico, en manos de extraños. La anulación del artículo 51 del Estatuto de Andalucía por parte del Tribunal Constitucional (TC) obligará a los gobiernos central y autonómico, ambos socialistas, a buscar una fórmula alternativa para que Andalucía mantenga la competencia y la gestión de la cuenca más importante del sur de España, aunque su titularidad sea estatal.

Con este objetivo, se celebró ayer un encuentro dentro del seno de la Comisión Bilateral Estado y Junta de Andalucía para acercar posturas respecto al espinoso asunto. En principio, los implicados en la reunión están de acuerdo en encontrar la forma de que nada cambie respecto a la gestión del río a pesar del dictamen del Constitucional. De este modo, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, aseguró ayer que espera que en la cita de esta tarde se pueda "dar la mejor respuesta" a las reivindicaciones andaluzas "en el marco del diálogo y la cooperación". Aguilar, que ayer mantuvo en Córdoba un encuentro con empresarios del sector aceitero, se mostró confiada en que se pueda mantener políticamente lo que los tribunales han rechazado, esto es, la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía sobre las aguas del río que transcurren por su territorio. La fórmula que se negociará será una encomienda transitoria de gestión para mantener el actual estado de las cosas, mientras que se busca una forma definitiva de lograr lo que ya otorgaba a Andalucía el artículo 51 del Estatuto de Autonomía Andalucía.

Para Aguilar, el objeto de la comisión es iniciar "un trabajo conjunto, entre la Administración General del Estado, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para, por un lado, cumplir la sentencia del TC y, por otro lado, en ese ámbito de la cooperación y la colaboración institucional, dar, en el marco de la sentencia, la mejor respuesta teniendo en cuenta la importancia que el Guadalquivir tiene para Andalucía".

La decisión sobre la mencionada encomienda transitoria de gestión, como paso previo a una solución definitiva a la cuestión suscitada por el TC, ya fue anunciada el pasado 21 de marzo por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tras mantener una reunión en Madrid con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para analizar la sentencia del TC y la posible salida a la situación generada.

La Comisión Bilateral, que se desarrollará en Madrid, estará encabezada, por parte del Gobierno central, por el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y por parte de la Junta de Andalucía, que posee en este momento la presidencia de turno, por la consejera de Presidencia, Mar Moreno. También está prevista la asistencia de Rosa Aguilar.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno del pasado martes, Mar Moreno ya puso de manifiesto que Rodríguez Zapatero y Griñán, con mucha inmediatez, han "encauzado políticamente la solución del Guadalquivir", buscando una solución transitoria, a través de una encomienda de gestión, que con carácter inmediato se pretende poner en marcha para abordar una solución definitiva, que se "aventura muy compleja, en términos jurídicos y que tiene como objetivo un nuevo modelo de gestión que garantice la unidad de cuenca, la participación de otras comunidades y la máxima capacidad de decisión de la Junta de Andalucía en la gestión del río".

Por otro lado, la titular del MARM aclaró que los casos de Andalucía y el de Castilla y León "son diferentes" y por eso no existe fecha para una futura reunión del Gobierno central y el de Castilla y León, pues en el de Andalucía "las competencias sobre el Guadalquivir estaban transferidas y las estaba ejerciendo y desarrollando en el marco estatutario la Junta de Andalucía", mientras que en Castilla y León "no ha habido ninguna transferencia realizada sobre el río Duero por parte del Gobierno de España a la comunidad y, por tanto, partimos de una realidad sustancialmente diferente y radicalmente distinta". Ello implica, según subrayó Aguilar, el que haya que "operar en calendarios diferentes y abordar las cosas de manera totalmente distinta, pues nada tiene que ver la situación de Andalucía con la de Castilla y León, aunque se hayan producido al mismo tiempo dos sentencias que van en la misma dirección por parte del TC, pero que no son lo mismo".