Tres líderes indígenas de la región amazónica de Brasil y Perú advirtieron hoy en Londres de los peligros sociales y medioambientales que conllevan para sus comunidades la planeada construcción de tres grandes represas.
Tras una gira de diez días para buscar apoyo internacional, y que les ha llevado a Oslo, Ginebra y París, estos representantes indígenas denunciaron hoy en la capital británica las consecuencias "catastróficas" que traerán los proyectos para la construcción de enormes represas hidroeléctricas en la cuenca del Amazonas.
Las denuncias se refieren a las centrales hidroeléctricas de Pakitzapango (Perú), Complejo Madeira y Belo Monte (Brasil).
El Gobierno de Brasil, como principal financiador, planea la construcción de más de 60 represas en la región amazónica de Brasil y ha firmado un acuerdo de seis proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas en la amazonía peruana, como la de Paquitzapango en el río Ene.
En un encuentro con la prensa, Ruth Buendía Mestoquiari, líder de la comunidad indígena Ashaninka de Perú, explicó que la represa proyectada por la hidroeléctrica Paquitzapango ocasionaría "inundaciones y desplazamientos de personas".
Por su parte, Simon Counsell, director ejecutivo de la Fundación Rainforest, subrayó que ese proyecto en la amazonía peruana "potencialmente amenaza con provocar inundaciones, y no está claro a dónde irán muchas de esas comunidades".
Pese a que la respuesta que han obtenido en esta gira europea "ha sido muy positiva", la "gran decepción" para los indígenas, según Counsell, la ha protagonizado el banco de desarrollo nacional brasileño (BNDES), uno de los principales patrocinadores del proyecto.
La entidad, a la que los líderes culpan de ser una de las principales impulsoras de la destrucción del Amazonas, "se ha negado a reunirse con los líderes indígenas para hablar de estos temas abiertamente", explicó.
Por su parte, Sheyla Yakarepi Juruna, representante de la tribu Juruna, de la región Xingú, Pará, de Brasil, donde está prevista la construcción de la represa de Belo Monte, denunció que no hay "garantías que aseguren la protección de los derechos humanos de las tribus".
Juruna acusó al Gobierno de Brasil de tener "intereses políticos" y "respetar solamente los intereses financieros sin tener en cuenta los derechos de los indígenas".
Para el líder de la tribu Suruí de Madeira, Almir Narayamoga Surui, los citados proyectos "no son sostenibles y traerán el caos social y la criminalidad".