El subdirector general de Relaciones Tributarias con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda, José María Utande San Juan, advirtió ayer en Valladolid de que «sí se puede garantizar» que el impuesto a las eléctricas que quiere crear Castilla y León «no repercuta en el recibo de la luz que pagan los ciudadanos». Utande participó en la Jornada sobre Imposición Autonómica Medioambiental que organizó la Consejería de Hacienda para que responsables en tributos de otras comunidades autónomas expusiesen su experiencia en la aplicación de este tipo de tasas.

Así, el subdirector del Ministerio de Salgado valoró positivamente las pretensiones de Castilla y León «porque no es el primer impuesto de estas características que se crea en España y entra dentro de las competencias de la Administración autonómica». Aseguró, además, que deberá ser la ley que regule el tributo la que establezca la forma en la que de aplica para evitar que repercuta sobre los ciudadanos, si bien reconoció que «luego dependerá de la decisión de cada empresa, aunque tienen unas reglas sobre tarifas que deben respetar». El responsable del Ministerio destacó que que «en un momento de crisis cualquier recaudación es buena», con la matización de que este impuesto en ningún caso «puede ser comparable con otros recursos financieros como el IRPF».

Durante la jornada de ayer, que se desarrollo en la sede de las Cortes de Castilla y León, intervinieron representantes de autonomías como Galicia, Asturias, Extremadura, La Rioja. Castilla-La Mancha o Cantabria que explicaron su experiencia en la aplicación en sus regiones de los impuestos medioambientales.

Fue el caso de Raquel Pereira, directora general de Finanzas y Haciendas del Principado de Asturias, quien explicó que su Comunidad acaba de desarrollar, a través de la Ley de Acompañamiento del Presupuesto regional, un impuesto que grava el transporte de energía y las telecomunicaciones, un tributo que «acabamos de comenzar a ponerle en marcha» y que se ha desarrollado en un rápido proceso, precisamente gracias al acuerdo de los grupos parlamentarios de Asturias. Raquel Pereira señaló que, en principio, no hubo oposición alguna de las empresas eléctricas pero en los últimos días «ya empieza a haber informaciones que remiten a la posibilidad de que el impuesto se cargue en el recibo de la luz». La directora general asturiana aseguró que su Comunidad prevé recaudar este año ocho millones de euros por el citado impuesto, en un territorio en el que hay 9.000 kilómetros de líneas eléctricas, muchos menos de los que puede haber en Castilla y León. En cuanto al impuesto que se aplica por la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones, insistió en que en este caso quedan exentas aquellas actuaciones que fomenten el desarrollo rural y la llegada de tecnologías de la comunicación. Por su parte, Sonia Lafont, subdirectora general de Tributos de la Xunta de Galicia explicó la experiencia de su Comunidad que cuenta ya con cuatro impuestos medioambientales, uno de ellos para gravar la actividad económica en aguas embalsadas, donde se incluye la producción hidroeléctrica. Este tributo hace ya tres años que se lleva aplicando sin que hasta el momento se haya producido recurso alguno por parte de las eléctricas por lo que «la experiencia ha sido muy positiva».

La recaudación de Galicia por este concepto asciende, según señaló la directora general, a doce millones de euros. Esta Comunidad cuenta, además, con otros impuestos medioambientales como el canon eólico, el de contaminación y el de saneamiento de aguas.