La oficina del Defensor del Pueblo ha abierto una investigación para conocer el grado de cumplimiento del proyecto Doñana 2005. Este plan de restauración lo aprobó el Gobierno y la Junta de Andalucía tras acometer la limpieza de los vertidos provocados por la balsa minera de Boliden Apirsa en abril de 1998 que contaminó más de 4.000 hectáreas en esta zona protegida. La finalidad de dicho proyecto, aprobado en julio de 1998 por el Patronato del Parque Nacional, es que las marismas recuperen su dinámica tradicional.

El Defensor del Pueblo, institución presidida en funciones por María Luisa Cava de Llano, inició a principios de año esta investigación a partir de las denuncias de varias quejas de colectivos ciudadanos, alguno de ellos formado por ex miembros del Patronato del Parque Nacional, según informaron fuentes de la oficina a esta redacción.

Este plan contiene una serie de actuaciones, fundamentalmente obras hidráulicas de interés general, destinadas a recuperar las cuencas y cauces vertientes a la marisma de Doñana, entre ellos la cuenca del río Guadiamar. En concreto, el plan prevé la restauración de los arroyos de Soto Chico y Soto Grande, del arroyo de la Laguna de los Reyes, del arroyo del Partido y de la marisma Gallega; así como la depuración de las aguas residuales del Rocío. También contempla la recuperación de la funcionalidad del caño Guadiamar y del Brazo de la Torre; la restauración del caño Travieso, y el control y permeabilización de la marisma frente al río, Brazo de la Torre y Entremuros.

Con esta investigación, abierta ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la institución del Defensor del Pueblo pretende obtener información fiable sobre el estado de cumplimiento de esas actuaciones, eventualmente mediante una visita de inspección a Doñana y las marismas.

Se da la circunstancia de que recientemente el parque nacional recibió la visita de un comité de científicos internacionales, entre los que se encontraban miembros de la Unesco, UICN o el comité Ramsar de Humedales, también a petición de la plataforma de ex miembros del patronato denominada Club Doñana. Según concluyeron los expertos, las denuncias de los ecologistas no eran "alarmantes". Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente expusieron que se trabaja en el envío de información a la institución tras el requerimiento.