Tras las inundaciones, y mientras muchos vecinos de los municipios afectados por ellas aún arrastran la tensión y el cansancio acumulado en los últimos días tras varias jornadas para intentar limpiar el efecto de las riadas, llega el tiempo del análisis de lo que ha pasado y de que se puede hacer para evitar que se repita. Las medidas concretas, y no urgentes, para reducir el impacto de las lluvias en las localidades ribereñas aún no se han definido y tardarán tiempo en concretarse. Al menos habrá que esperar a que se celebren reuniones entre los responsables autonómicos y los de cada uno de los ayuntamientos afectados para analizar, en cada caso, lo que se puede hacer.

En esta etapa de análisis ayer se celebró en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla una reunión entre responsables de distintas consejerías y los ayuntamientos afectados por las últimas inundaciones -Écija, Lora del Río, Alcolea del Río, Tocina, Guadalcanal y Constantina- en la que, según el comunicado emitido por la Junta, se acordó la necesidad de llevar a cabo un nuevo mapa de zonas de riesgos en caso de grandes avenidas de agua. Y se trata de un nuevo mapa porque el plan de prevención de inundaciones aprobado en 2002 ya recogía uno que determinó que en Andalucía había 1.099 puntos urbanos con riesgo de inundación y de ellos 72 correspondían a 45 localidades sevillanas, incluidos los que se han vuelto a anegar este mes y el pasado febrero. Entonces se plantearon la necesidad de ejecutar obras urgentes, algunas de las cuales, como en Lora, no se han realizado. Ahora se revisará ese plan para intentar ser más preciso y determinar, como ya se hizo en 2002, cuáles son los puntos de máximo riesgo y prioridades de actuación.

En la mayoría de esas zonas de riesgo abundan las viviendas o las naves. Por ello, en el encuentro también se abordó la necesidad de revisar los planeamientos urbanos de los municipios (como ya se planteaba en 2002), identificando todas las viviendas y otros inmuebles construidos en zonas anegables por los cauces fluviales para aclarar su situación jurídica y su compatibilidad con la legalidad. En los casos en los que se detecten situaciones anómalas, la Junta anuncia que se estudiarán las actuaciones urbanísticas que deberían abordarse tanto por la administración autonómica como por la de ámbito local. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Córdoba inició expedientes de declaración en ruina para algunas de las viviendas ubicadas en zonas inundables que se anegaron con la inundación de febrero y que hay expertos, como los geólogos, que apuntan a que la solución pasa o por la expropiación o por la ejecución de obras de protección.

En la reunión celebrada ayer entre Junta y ayuntamientos también se hizo hincapié en la necesidad de revisar los planes de emergencia por inundaciones en el ámbito local, así como de mejorar los sistemas de coordinación y activación de dichos planes en sus diferentes ámbitos territoriales. Los responsables de la Junta trasladaron a los alcaldes la posibilidad de analizar y mejorar, en su caso, el sistema de alarma e información utilizados por la Agencia Nacional de Meteorología y la Agencia Andaluza del Agua en relación con la previsión de precipitaciones y las actuaciones de desembalses para prever las crecidas de ríos y arroyos.

El plan de trabajo incluye no sólo actuaciones en las zonas urbanas sino en carreteras y áreas de cultivo. Así se plantea la posible corrección de puntos conflictivos de las redes viarias -carreteras o puentes que en algunos casos agravan las consecuencias de la inundación-y el estudio de las zonas de los cauces donde se vienen produciendo desbordamientos para determinar la mayor limpieza y dragado de los mismos. En el ámbito agrícola, la propuesta de la Junta se centra en analizar las prácticas aplicadas en los cultivos que tienen repercusión en los cauces para reducir su impacto en los mismos así como poner especial atención en los caminos rurales afectados por las lluvias para facilitar la actividad agraria.

Asimismo, está previsto crear una brigada de intervención especializada (Brica) en Madroñalejos, Aznalcázar, como refuerzo de las otras unidades de intervención en caso de inundaciones, y revisar las obras que estaban en ejecución o planificadas para priorizar las de carácter más urgente. La Consejería de Obras Públicas invertirá 4.4 millones de euros en 12 intervenciones de urgencias en carreteras afectadas por las lluvias. En Sevilla las obras se realizarán en las carreteras A-375, A-474, A-406 y A-477 y cuentan con un presupuesto de 1, 1 millones de euros. Mientras, el Grupo Provincial del Partido Andalucista en la Diputación llevará hoy una moción al Pleno de esta corporación para que se pida a los gobiernos de España y de Andalucía la aprobación de un Plan Especial de Inversiones para paliar las inundaciones en la provincia de Sevilla, por un montante de 50 millones de euros. «Una gran parte del dinero de este plan se destinaría a la realización de las obras necesarias en el municipio de Écija», señaló José Hurtado, portavoz del PA. El PA también pide al Estado que suspenda temporalmente para el municipio de Écija la prohibición de endeudarse en el año 2011 así como un estudio de las cuencas de los ríos donde se propongan soluciones para evitar las inundaciones.