El establecimiento de restricciones para nuevos aprovechamientos hidroeléctricos, es una de las alegaciones que presentará al Plan Hidrológico de la Demarcación Miño-Sil, que se presentó la semana pasada, el BNG, que además pedirá la suspensión cautelar de aquellas concesiones de aprovechamientos, con una vigencia de diez años, y que hasta estos momentos no se ejecutaron, El senador nacionalista, Xosé Manuel Pérez Bouza, explicó ayer que son más de 106 las presas que existen en el cauce del Miño y el Sil, y que son "un auténtico problema de cauces y agua con pocas soluciones, como se reconoce en el Plan Hidrológico".

Y apuesta por "más restauraciones y menos aprovechamientos", y pone el acento en que el Plan Hidrológico sea "restrictivo" en zonas protegidas, y citó como ejemplo las actuaciones realizadas y las previstas en Santa Cristina, en el corazón de la Ribeira Sacra, de un importante valor natural y patrimonial Lo que también anunció Pérez Bouza es la petición para que comparezca la nueva ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para conocer la "disposición" del ministerio sobre la suspensión cautelar de la concesión de nuevos aprovechamiento hidroeléctricos cauce de los ríos Miño y Sil mientras no se apruebe Plan Hidrológico.

A este respecto, Pérez Bouza se mostró optimista, sobre todo después de que la propia Rosa Aguilar afirmase en su toma de posesión que"quería un ministerio verde", por lo que entiende que será favorable al planteamiento que realizará el BNG.

Pero el senador nacionalista aprovechó su comparecencia para criticar el "retraso injustificado"del Plan Hidrológico, cuya elaboración nace de la obligatoriedad de la Unión Europea, para lo cual había un plazo de nueve años, por lo que su debería estar en diciembre de 2009, pero la realidad es que se presentó en diciembre de 2010,y ahora se abre un período de seis meses para presentar alegaciones.

Con lo que la entrada en vigor del Plan Hidrológico se producirá mediados de 2012, según las previsiones que maneja Pérez Bouza, que además alertó sobre las "consecuencias negativas" que traerá consigo. Sobre todo afectará a las más de 1.000 iniciativas que se encuentran sin ejecutar, además de afectar a los fondos que se habían destinado, con lo que "parte de los 900 millones están sin gastar", y se quedan sin cumplir objetivos que se plasman en el documento.