Para navegar por ríos, afluentes o presas se debe contar con permiso administrativo. Así de fácil y así de complicado a la vez. Ya sea por deporte (un piragüista que quiere entrenar), por ocio (un ciudadano que quiera pasear en barca) o por un asunto de explotación comercial o turística (con viajes en barcas o hidropedales), se tiene que pasar un filtro.

Por esta razón se comprende un dato que puede resultar chocante. El principal motivo que tiene la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para sancionar no es por la extracción de áridos, la apertura de pozos ilegales o la ocupación de cauces. Tiene que ver con la navegación no autorizada, algo que, por ejemplo, ha hecho un vecino de Badajoz y que, como refleja un anuncio en el BOE de finales de octubre, le puede costar una multa de hasta 6.000 euros.

Así se extrae de la actuación que el organismo hidrológico que ha iniciado o concluido a lo largo de 2009 con la apertura de expedientes sancionadores en la cuenca del Anas romano a su paso por Extremadura. Una cuenca con 20.250 kilómetros cuadrados de superficie en la provincia de Badajoz y otros 3.200 en la de Cáceres. Todo eso es territorio de la CHG, de sus guardas (15) y agentes fluviales (10), a los que se suma la colaboración vital de la Guardia Civil y de ciudadanos para alertar de infracciones.

En 2009, en zona extremeña, el organismo que preside Eduardo Alvarado abrió 428 expedientes sancionadores, algunos concluidos y otros no. De ellos, 155, casi la mitad, por navegación. En 2008, en cambio, fueron 52 sobre un total de 491. «Se autorizará cuando se garantice la seguridad de las personas, infraestructuras hidráulicas o zonas protegidas. Por eso está prohibido totalmente navegar junto a cabeceras de presas o en zonas Natura o similares. En los demás entornos hay que analizarlo al detalle», explica Alvarado. La CHG examinará al milímetro cada solicitud.

Lo sabe bien un joven emprendedor emeritense, Juan Almagro. En la capital de Extremadura está decidido a hacer del tramo urbano del Guadiana algo parecido a lo que se ve en Versalles. Allí funciona un servicio de paseo en barca de remo que contribuye a hacer más idílica la estancia. Almagro quiere que en Mérida, otro enclave Patrimonio, funcione algo parecido, pero no lo tiene fácil. Uno de los inconvenientes serios de su proyecto tiene que ver con el permiso que debe otorgar la Confederación. La tramitación de esa autorización y el propio permiso no es sencillo por las restriccione.

Los expedientes sancionadores que abre la CHG siguen un camino «garantista. La empresa o el particular al que se le abre tiene las suficientes garantías para presentar alegaciones, lo mismo que la Confederación tiene argumentos para sancionar», resume Alvarado, quien sostiene, como filosofía, que las multas no se guían por un fin recaudatorio. «El interés principal es velar por el bien público y por la seguridad de los ciudadanos. Las multas se ponen por eso, no para tener más ingresos», sostiene.

Detalles
Alvarado desarrolla su argumentario. «A lo largo del tiempo es mejor trasladar la concienciación a la gente y el conocimiento sobre el bien público que supone el río Guadiana y toda su cuenca que imponer sanciones porque sí. Y eso, lo de la concienciación, creo que se está logrando cada vez más», añade.

Con todo, es obvio que no todo el mundo actúa guiado por el interés general y hay particulares o empresas que no dudan en sacar tajada del río. Algunos, de forma especialmente dañina para el medio ambiente. Es el caso de la extracción ilegal de áridos, que el año pasado supuso la apertura de 15 procesos sancionadores, frente a los 34 de 2008. Son relativamente pocos en relación al total aunque son, casi siempre, los que acarrean multas más altas. En la CHG recuerdan cómo se impuso una sanción de 300.000 euros (50 millones de las antiguas pesetas) a una empresa.

La otra causa que más daño directamente hace a la cuenca tiene que ver con la apertura de pozos en zona de policía (de cien metros para adelante alrededor del río porque al lado está siempre prohibido), que ocasionó 62 expedientes en 2009, la tercera causa más abundante de infracción observada. En 2008 fueron 118, la mayoría. El segundo motivo por el que se abrieron expedientes tiene que ver con actuaciones en zona de dominio público hidráulico, servidumbre y policía (75, frente a los 78 de hace dos años). Aquí, por concretar, se sanciona desde colocar colmenas en zona no autorizada hasta realizar labores de pastoreo o construir cercados.