The Junta presents tomorow the plan of irrigated lands of Doñana promised in 2007
Tue, 23/11/2010
La reacción de los agricultores ha surtido efecto. Tres años después de prometer la ordenación de regadíos en el entorno de Doñana, el documento va a ver la luz. Será mañana, cuando están convocados los representantes de las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Obras Públicas y el Consejo de Participación de Doñana.
La propuesta de la Administración es consolidar las 10.300 hectáreas de regadío existentes cuando se publicó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), en febrero de 2004. Sin embargo, algunos agricultores afirman que en la zona existen en la actualidad 13.852 hectáreas que se surten, principalmente, de agua del acuífero 27, la reserva hídrica más importante de Doñana.
Los perjudicados son los agricultores con explotaciones legales y la propia marca del parque. El pasado verano, la asociación ecologista WWF emprendió una campaña en Europa contra los productos de Huelva por antiecológicos.
La falta de regulación y control sobre el riego durante estos años ha supuesto la proliferación de zonas de regadíos ilegales a costa de recursos que necesitan los empresarios legales, además del parque. La Agencia del Agua ya advirtió en 2009 que el acuífero 27 estaba en situación de peligro, con zonas donde la capa freática (donde se almacena el agua subterránea) había descendido hasta 18 metros.
Los ecologistas llegaron a cifrar en un millar los pozos ilegales creados desde el plan de ordenación. Matos no cree que sean tantos, pero advierte que sean las que sean, las hectáreas transformadas tras el plan de ordenación de 2004 "no van a caber".
"Ha faltado control, se han dispersado las responsabilidades, han surgido pozos ilegales y se ha transformado monte sin orden. Hay que actuar", asegura el presidente de la asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, Francisco Casero.
Su iniciativa ha sido determinante. El pasado 15 de octubre, Casero envió una carta al jefe del Ejecutivo, José Antonio Griñán, reclamando la "inmediata publicación" del plan de regadíos.
Los efectos del retraso han sido demoledores con el "esfuerzo del sector por conseguir unas cotas de calidad acordes con las exigencias de un medio natural del prestigio de Doñana, por la producción ecológica y las inversiones en nuevas tecnologías (...) Se está dilapidando un trabajo de años de toda la sociedad", advirtió Casero a Griñán.
El alcalde de Almonte, Francisco Bella, se suma a estos argumentos. "La agricultura es la garantía de conservación de Doñana", advierte el regidor, quien calcula que, tras el periodo de exposición pública, el documento podría entrar en vigor a finales de diciembre. Bella coincide en la falta de seguridad que genera la ausencia de ordenación del riego en una zona de crucial importancia económica. A lo que añade el daño en la imagen que causan campañas como la de WWF.
La propuesta de la Administración es consolidar las 10.300 hectáreas de regadío existentes cuando se publicó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), en febrero de 2004. Sin embargo, algunos agricultores afirman que en la zona existen en la actualidad 13.852 hectáreas que se surten, principalmente, de agua del acuífero 27, la reserva hídrica más importante de Doñana.
Los perjudicados son los agricultores con explotaciones legales y la propia marca del parque. El pasado verano, la asociación ecologista WWF emprendió una campaña en Europa contra los productos de Huelva por antiecológicos.
La falta de regulación y control sobre el riego durante estos años ha supuesto la proliferación de zonas de regadíos ilegales a costa de recursos que necesitan los empresarios legales, además del parque. La Agencia del Agua ya advirtió en 2009 que el acuífero 27 estaba en situación de peligro, con zonas donde la capa freática (donde se almacena el agua subterránea) había descendido hasta 18 metros.
Los ecologistas llegaron a cifrar en un millar los pozos ilegales creados desde el plan de ordenación. Matos no cree que sean tantos, pero advierte que sean las que sean, las hectáreas transformadas tras el plan de ordenación de 2004 "no van a caber".
"Ha faltado control, se han dispersado las responsabilidades, han surgido pozos ilegales y se ha transformado monte sin orden. Hay que actuar", asegura el presidente de la asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, Francisco Casero.
Su iniciativa ha sido determinante. El pasado 15 de octubre, Casero envió una carta al jefe del Ejecutivo, José Antonio Griñán, reclamando la "inmediata publicación" del plan de regadíos.
Los efectos del retraso han sido demoledores con el "esfuerzo del sector por conseguir unas cotas de calidad acordes con las exigencias de un medio natural del prestigio de Doñana, por la producción ecológica y las inversiones en nuevas tecnologías (...) Se está dilapidando un trabajo de años de toda la sociedad", advirtió Casero a Griñán.
El alcalde de Almonte, Francisco Bella, se suma a estos argumentos. "La agricultura es la garantía de conservación de Doñana", advierte el regidor, quien calcula que, tras el periodo de exposición pública, el documento podría entrar en vigor a finales de diciembre. Bella coincide en la falta de seguridad que genera la ausencia de ordenación del riego en una zona de crucial importancia económica. A lo que añade el daño en la imagen que causan campañas como la de WWF.