"Sniace ha sido buen vecino social y económico, pero muy mal vecino medioambiental". El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín, describe así la actividad en la cuenca del Saja-Besaya de esta empresa química, que "ha estado vertiendo a los ríos sus residuos sin tratar durante más de 50 años", afirma. Hace dos, sin embargo, el Gobierno regional obligó a la compañía a acometer una profunda rees- tructuración con una inversión, según el consejero, superior a los 50 millones de euros.

La medida estrella fue la construcción de una depuradora en Torrelavega. Sin embargo, los vecinos de los pueblos afectados, desde la propia Torrelavega a Dualez o la turística Santillana del Mar, denuncian que esta iniciativa no ha sido suficiente. Uno de sus portavoces vecinales, Florentino Muñoz, asegura que se ha cumplido casi un año desde la puesta en marcha de la planta "y los vertidos continúan incumpliendo la normativa". Según los vecinos, esa es la razón de que las instalaciones no hayan sido aún inauguradas.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Martín asegura que estos problemas se deben "a los ajustes iniciales que es necesario introducir cuando se pone en marcha una planta de estas características", que "trata y vierte cerca de 55.000 meImagen de los vertidos en la balsa ilegal, según fuentes vecinales. tros cúbicos diarios, cuando sólo debería tratar 34.000". Fuentes de Sniace consultadas por Público rehusaron realizar cualquier declaración, si bien, en un encuentro con prensa local, el presidente de Sniace, Blas Mezquita, ha asegurado recientemente que la carga contaminante en el Saja-Besaya se ha reducido en un 90%. La compañía ha anunciado una inversión de entre 6 y 7 millones de euros -que se suman a los cerca de 20 millones ya invertidos- para acometer la segunda fase de la depuradora. Gonzalo Canales, biólogo y presidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos de Cantabria (ARCA), acusa a las administraciones regionales "de haber amparado siempre las violaciones a la legalidad de Sniace", por la dependencia que tiene la comarca de la creación de empleo por parte de la empresa química. El consejero precisa: "En la hoja de ruta de introducción de mejoras técnicas hemos de marcar muy bien los tiempos para no estrangular económicamente a la empresa". En la actualidad, la planta de Torrelavega da empleo directo a 504 trabajadores y, según ha avanzado la compañía, la construcción a finales de año de una nueva planta de bioetanol generará unos 1.100 nuevos contratos durante los próximos dos años.

Al problema de la depuradora se suman, según ARCA, "los vertidos sin control a la ría de Suances". En la actualidad, estos hechos forman parte de un proceso judicial, iniciado por ARCA, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y ante la Audiencia Nacional.

Además, los vecinos denuncian la existencia de una segunda balsa ilegal de 20.000 metros cúbicos en la que se estarían realizando "vertidos que comprometen a la depuradora", explica el portavoz vecinal. Estos hechos ya han sido denunciados ante la fiscalía por los vecinos, que se concentran todos los viernes frente al ayuntamiento de Torrelavega desde hace tres años. Sniace ha tenido varios reveses judiciales. En 2008, tuvo que pagar una multa de 601.012 euros por vertidos en Santillana del Mar. En 2009, recibió una sanción de 12.020 euros por una captación de aguas en el cauce del río Saja-Besaya (Torrelavega) sin autorización. Y este año, al secretario consejero del consejo de administración, Miguel Gómez de Liaño, hermano del que fue juez de la Audiencia Nacional, se le condenaó a un año de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Dimitió de su puesto tras la sentencia. Imagen de CONAMA.