Private funding key to the development of the new Water Law
Fri, 19/11/2010
La escasez presupuestaria propiciada por la crisis actual ha obligado a la Junta de Andalucía a buscar nuevas fórmulas que le permitan asumir a partir de ahora la financiación y posterior explotación de las obras de depuración que aún están pendientes. La colaboración con las empresas privadas del sector será una pieza clave para garantizar el desarrollo de la nueva Ley de Aguas de la comunidad, que a partir del 1 de enero obligará a las entidades locales a cobrar a los ciudadanos un canon de mejora y cuya recaudación se destinará a completar el mapa de depuración de la comunidad.
Fue el debate que centró la jornada técnica Modalidades de gestión del agua en los abastecimientos urbanos, celebrada ayer en Málaga y que organizó el Grupo Joly -empresa editora de este periódico de este periódico- y Aqualia, empresa filial de FCC.
Las empresas privadas asumen mayor protagonismo en el nuevo modelo de financiación con el que la Junta de Andalucía plantea cumplir con los retos inmediatos de la comunidad en materia de saneamiento y depuración y que, según el director gerente de la agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, es la 'única fórmula que nos permitirá cumplir con el compromiso al que obliga la directiva comunitaria sobre la calidad de las aguas depuradas en el horizonte de 2015'.
Eso no significará, matizó, que los ayuntamientos no puedan seguir participando en la explotación de las infraestructuras, aunque señaló que el Gobierno autonómico aboga por la necesidad de constituir entidades supramunicipales donde no existan para facilitar su gestión. El coordinador de la Agencia Andaluza del Agua, José María Hurtado, aseguró que tiene que estar previamente garantizada la gestión y la explotación de las infraestructuras porque 'si no será inabordable como ha ocurrido en muchos municipios, que después de ser entregada la depuradora no se ha puesto en marcha por falta de financiación'.
La desaparición de las aportaciones de la Unión Europea a partir de 2013 y la progresiva reducción de las inversiones de la Administración para hacer frente a la difícil coyuntura económica actual imposibilitan, según explicó, que 'podamos solucionar la carencia de infraestructuras únicamente con fondos autonómicos'. La participación de los privados en el nuevo sistema de gestión compartida se articulará en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de concesión de obra pública que la Junta de Andalucía está elaborando y que en estos momentos se encuentra en fase de estudio de las alegaciones presentadas. En base a ese documento, la Administración autonómica transferirá los riesgos de la construcción de la obra y de la demanda a la empresa adjudicataria.
La única reticencia del sector empresarial radica, según Hurtado, en 'las dudas sobre las garantías de pago de las entidades locales debido a la crisis'. La Ley de Aguas de Andalucía pretende solventar ese problema obligando a los ayuntamientos a que la recaudación del canon de mejora aplicado a partir del año que viene no pueda ser usado salvo para el pago de los privados.
En cuanto a las reticencias surgidas sobre el cobro del nuevo canon, con el que se prevé recaudar unos cien millones de euros anuales, la directora general de Planificación Hidrológica y Participación de la Agencia Andaluza del Agua, Isabel Comas, insistió en que ya hay 98 municipios andaluces que lo cobran de forma voluntaria desde hace años para financiar el coste de sus obras hidráulicas y que en estos casos 'no supondrá una duplicidad del precio a pagar, sino que solamente deberán ajustarlo'. En estos casos, la Junta calcula que los ayuntamientos podrán detraer alrededor de 60 millones de euros hasta 2015 gracias a la fórmula que contempla la Ley de Aguas.
El dinero que se obtenga del cobro del canon de mejora al que obliga la Ley de Aguas de Andalucía a partir del próximo 1 de enero se destinarán a la ejecución de unas 300 actuaciones en materia de saneamiento en el plazo de cuatro años. Serán 1.765 millones de euros los que se inviertan en el plan de obras que la Consejería de Medio Ambiente llevará a cabo en 250 municipios de la comunidad autónoma. Las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía contemplan la construcción de 91 nuevas estaciones de depuración de aguas residuales, la ampliación de otras 74 y un total de 383 colectores. A pesar de que unos 770 municipios andaluces ya depuran sus aguas residuales, aún hay un tercio que carecen de infraestructuras.
Aqualia ha conseguido convertirse en un referente de la gestión privada del agua en Andalucía. Según el director de Desarrollo de la filial de FCC, Antonio Vassallo Reina, la empresa gestiona ya un total 90 municipios de la comunidad autónoma tras más de 40 años de trayectoria. Eso supone la atención de unos dos millones de habitantes gracias a los 1.300 empleados que forman la plantilla de Aqualia en la comunidad. Sólo en España, gestiona actualmente más de 850 municipios y atiende a una población de más 13.000.000 de habitantes, con una cuota de mercado del 34% en el mercado privado español del ciclo integral del agua. Su presencia se ha expandido ya a 15 países.
Fue el debate que centró la jornada técnica Modalidades de gestión del agua en los abastecimientos urbanos, celebrada ayer en Málaga y que organizó el Grupo Joly -empresa editora de este periódico de este periódico- y Aqualia, empresa filial de FCC.
Las empresas privadas asumen mayor protagonismo en el nuevo modelo de financiación con el que la Junta de Andalucía plantea cumplir con los retos inmediatos de la comunidad en materia de saneamiento y depuración y que, según el director gerente de la agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, es la 'única fórmula que nos permitirá cumplir con el compromiso al que obliga la directiva comunitaria sobre la calidad de las aguas depuradas en el horizonte de 2015'.
Eso no significará, matizó, que los ayuntamientos no puedan seguir participando en la explotación de las infraestructuras, aunque señaló que el Gobierno autonómico aboga por la necesidad de constituir entidades supramunicipales donde no existan para facilitar su gestión. El coordinador de la Agencia Andaluza del Agua, José María Hurtado, aseguró que tiene que estar previamente garantizada la gestión y la explotación de las infraestructuras porque 'si no será inabordable como ha ocurrido en muchos municipios, que después de ser entregada la depuradora no se ha puesto en marcha por falta de financiación'.
La desaparición de las aportaciones de la Unión Europea a partir de 2013 y la progresiva reducción de las inversiones de la Administración para hacer frente a la difícil coyuntura económica actual imposibilitan, según explicó, que 'podamos solucionar la carencia de infraestructuras únicamente con fondos autonómicos'. La participación de los privados en el nuevo sistema de gestión compartida se articulará en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de concesión de obra pública que la Junta de Andalucía está elaborando y que en estos momentos se encuentra en fase de estudio de las alegaciones presentadas. En base a ese documento, la Administración autonómica transferirá los riesgos de la construcción de la obra y de la demanda a la empresa adjudicataria.
La única reticencia del sector empresarial radica, según Hurtado, en 'las dudas sobre las garantías de pago de las entidades locales debido a la crisis'. La Ley de Aguas de Andalucía pretende solventar ese problema obligando a los ayuntamientos a que la recaudación del canon de mejora aplicado a partir del año que viene no pueda ser usado salvo para el pago de los privados.
En cuanto a las reticencias surgidas sobre el cobro del nuevo canon, con el que se prevé recaudar unos cien millones de euros anuales, la directora general de Planificación Hidrológica y Participación de la Agencia Andaluza del Agua, Isabel Comas, insistió en que ya hay 98 municipios andaluces que lo cobran de forma voluntaria desde hace años para financiar el coste de sus obras hidráulicas y que en estos casos 'no supondrá una duplicidad del precio a pagar, sino que solamente deberán ajustarlo'. En estos casos, la Junta calcula que los ayuntamientos podrán detraer alrededor de 60 millones de euros hasta 2015 gracias a la fórmula que contempla la Ley de Aguas.
El dinero que se obtenga del cobro del canon de mejora al que obliga la Ley de Aguas de Andalucía a partir del próximo 1 de enero se destinarán a la ejecución de unas 300 actuaciones en materia de saneamiento en el plazo de cuatro años. Serán 1.765 millones de euros los que se inviertan en el plan de obras que la Consejería de Medio Ambiente llevará a cabo en 250 municipios de la comunidad autónoma. Las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía contemplan la construcción de 91 nuevas estaciones de depuración de aguas residuales, la ampliación de otras 74 y un total de 383 colectores. A pesar de que unos 770 municipios andaluces ya depuran sus aguas residuales, aún hay un tercio que carecen de infraestructuras.
Aqualia ha conseguido convertirse en un referente de la gestión privada del agua en Andalucía. Según el director de Desarrollo de la filial de FCC, Antonio Vassallo Reina, la empresa gestiona ya un total 90 municipios de la comunidad autónoma tras más de 40 años de trayectoria. Eso supone la atención de unos dos millones de habitantes gracias a los 1.300 empleados que forman la plantilla de Aqualia en la comunidad. Sólo en España, gestiona actualmente más de 850 municipios y atiende a una población de más 13.000.000 de habitantes, con una cuota de mercado del 34% en el mercado privado español del ciclo integral del agua. Su presencia se ha expandido ya a 15 países.