Todas las aguas residuales de Andalucía deberán estar sometidas a tratamientos de depuración en 2015, según la obligación impuesta por la Unión Europea. Y todavía queda camino. El 10% de la población de la comunidad aún vive en municipios en los que no hay saneamiento de estas aguas. Se trata de 250 pequeñas localidades sin estaciones depuradoras. Para cumplir con la directiva marco de la UE se necesitarán en los próximos cinco años 1.765 millones, con los que se acometerán unas 300 obras.

Este dinero se recaudará a través del nuevo "canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad autónoma". El impuesto empezará a aplicarse a partir de 2011, según dijo ayer el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. Y su carácter será finalista, es decir, el dinero que los Ayuntamientos recauden con el canon se dedicará exclusivamente a sufragar estas obras y tendrá la consideración de ingreso de la comunidad autónoma.

El canon de mejora de infraestructuras está recogido en la nueva Ley de Aguas. Este impuesto consta de dos tipos de cuotas, una fija y otra progresiva. La fija es de un euro para todos los hogares. La progresiva se aplica en función del consumo y va desde los 0,1 hasta los 0,6 euros. Según señaló ayer Díaz Trillo, la estimación que ha hecho su consejería es que una familia media pagará 1,2 euros al mes por este canon.

La Ley de Aguas establece otros tres tipos de cánones más. El primero es el de infraestructuras hidráulicas, que cada Ayuntamiento decidirá si lo aplica, pero de forma temporal y con el consentimiento de la Administración regional. Los otros dos son el de servicios generales y el de regulación y tarifa, que tendrán la consideración de ingreso propio del Gobierno autonómico.

Prácticamente la mitad de los Ayuntamientos de Andalucía ya aplican en sus facturas un canon de mejora de las infraestructuras. Sin embargo, según Medio Ambiente, el dinero que recaudan los Consistorios a través de esta tasa no siempre se emplea para las obras de mejora y construcción de las instalaciones de saneamiento.

Algunos Ayuntamientos han mostrado su rechazo a la aplicación del canon. Y el PP intentó azuzar ayer a los alcaldes contra el impuesto. Javier Arenas, presidente de los populares andaluces, anunció que su partido pretende llevar ante el Tribunal Constitucional la Ley de Aguas, al considerar que "lesiona" la autonomía local. La fórmula que pretende utilizar el PP es que los Ayuntamientos planteen ante el Constitucional un conflicto contra la norma. Según el PP, hace falta que los plenos de 111 Consistorios andaluces aprueben ir al Constitucional. El PP -que gobierna en alrededor de 150 Ayuntamientos de la comunidad- también instó a sus alcaldes a que "informen" a los ciudadanos sobre la norma, que, en su opinión, solo tiene un "afán recaudatorio".