La Asociación Andaluza de Regantes (Feragua), junto con Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Agrónomos y de Minas adscritos a sus respectivos colegios profesionales, además de la Plataforma Agua Pública, han unido este jueves su voz para exigir al Gobierno andaluz una administración hidráulica "especializada, eficiente y respetuosa con el principio de unidad de cuenca", y, en consecuencia, han manifestado su "no rotundo" al proyecto de reordenación del sector público y los cambios en la administración hidráulica planteados por el Gobierno andaluz.
En una nota conjunto, han señalado que los cambios planteados suponen entre otras consecuencias, la extinción de la Agencia Andaluza del Agua y la entrega de parte de sus competencias a una nueva Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua.

A través de un 'Manifiesto por la Unidad de Cuenca y por la Eficiencia y Especialización en la Gestión Pública del Agua', estos colectivos han demandado la anulación de los artículos del Decreto-Ley 5/2010 que liquidan la Agencia Andaluza del Agua y atribuyen parte de sus competencias a una macro agencia pública empresarial.

En su lugar, han planteado que se diseñe una administración hidráulica especializada, que concentre todas las atribuciones sobre el agua, respetuosa con la unidad de cuenca, que favorezca la participación de los usuarios y en la que las competencias sean ejercidas por empleados públicos que hayan accedido a su puesto de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad.

En la presentación de este Manifiesto han estado la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante; el portavoz de la Plataforma Agua Pública, Ángel Molina; el Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, José Abraham Carrascosa; el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Jerónimo Cejudo, y Miguel Martín, representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur.
Así, la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, ha explicado que la liquidación de la Agencia Pública de Agua y su integración dentro de una macroagencia compartida con la antigua Egmasa, es una "mala" noticia para el regadío andaluz, que "rompe uno de los consensos básicos del Acuerdo Andaluz por el Agua, pues diluye las competencias sobre el agua dentro de las genéricas sobre medio ambiente", lo que, según ha explicado, "propiciará los conflictos de intereses entre territorios".

Asimismo, ha manifestado su temor de estos cambios no sólo no supongan ahorro alguno, sino "una duplicación de estructuras y un incremento de costes, del cual se deriven nuevos impuestos y un afán recaudatorio desmedido por parte de la administración".
Finalmente, Bustamante ha criticado que la concepción y ejecución de todos estos cambios se haya realizado "a espaldas de empleados públicos y usuarios".

El Portavoz de la Plataforma Agua Pública, Ángel Molina, ha recalcado que el Decreto Decreto-Ley 5/2010 y el Acuerdo de reordenación del sector público andaluz "deja en manos privados el patrimonio de todos los andaluces".

. En este sentido, ha apuntado que la atribución de las competencias del agua a la nueva empresa pública significa la entrega de las funciones de los empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua a "trabajadores no habilitados legalmente para ejercerla y que no han accedido a la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad", lo que supone la "lapidación de un activo de experiencia, conocimiento, especialización y profesionalidad depurada y acreditada durante años".

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, José Abraham Carrascosa, ha justificado la adhesión de su corporación al Manifiesto por tres motivos fundamentales.

En primer lugar, por entender que la extinción de la Agencia Andaluza del Agua "supondrá un paso más en la ruptura de la unidad de cuenca y la unidad de gestión de los ríos Andaluces". En segundo lugar, porque "es necesario defender una gestión de las cuencas e infraestructuras hidráulicas, especialmente de los embalses, bajo el más estricto respeto a la independencia técnica y al ejercicio de las potestades administrativas".

Y en tercer lugar, por entender que los funcionarios al frente de la gestión del agua, "además de independientes, deben ser especialistas", y que "el planteamiento de otra estructura en la gestión de los ríos, es una postura temeraria".

El decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Jerónimo Cejudo ha señalado que "la mejor forma de gestionar un recurso natural como es el agua es considerando sus fronteras naturales, es decir, la cuenca hidrográfica" y que la compartimentación de la gestión en otras fronteras administrativas y/o políticas es "contraria a este principio de unidad de gestión de cuenca".

Asimismo, ha insistido en que el agua, por su entidad e importancia para el desarrollo socioeconómico de Andalucía, "exige una organización especializada en la gestión eficiente del recurso con profesionales formados y capacitados para ejercerla, siendo la experiencia un valor a considerar, no teniendo seguridad que en las empresas públicas se pueda encontrar hoy dicho conocimiento y experiencia".

Finalmente, Miguel Martín Machuca, representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, ha afirmado que la eficiencia en la gestión de las aguas se consigue con una organización administrativa especializada y multidisciplinar, para lo que son necesarios profesionales capacitados y experimentados en la gestión de las aguas públicas. Por último, resaltó que el principio de Unidad de Gestión de la Cuenca se ha demostrado como el más adecuado a nivel internacional para la gestión de los recursos hídricos, siendo un principio fundamental que exige la propia Directiva Marco de Aguas.

Los representantes de las entidades adheridas al 'Manifiesto por la Unidad de Cuenca y por la Eficiencia y Especialización en la Gestión Pública del Agua' manifestaron su esperanza de que este pronunciamiento "inequívoco" de la sociedad civil sirva para propiciar una rectificación del modelo de administración hidráulica que está planteando el Gobierno andaluz.