El estudio sobre caudales ambientales encargado por la DGA a una consultora externa llega a la conclusión de que en la gran mayoría de los tramos de río aragoneses -el 84%- ya se atienden las necesidades mínimas de agua necesarias para mantener en buen estado sus ecosistemas. Si la CHE y el resto de administraciones y usuarios de las cuencas del Ebro y el Júcar dan por buenas esas cifras, todo apunta a que el proceso de fijación de caudales ambientales no presentará grandes complicaciones en los cauces de la Comunidad.

No obstante, hay que tener en cuenta que en parte de las masas de agua evaluadas los mínimos ecológicos propuestos por el Ejecutivo aragonés se encuentran sensiblemente por debajo -o por encima- de las cifras establecidas como referencia en el plan de cuenca actual. Esto podría generar controversias entre las distintas sensibilidades presentes en la demarcación. Por eso la DGA ya ha dejado muy claro que el objetivo del estudio es dotar a Aragón de una referencia técnica con la que afrontar la inminente negociación.

El Instituto Aragonés del Agua encargó el trabajo a la empresa Garona Estudios Territoriales por un importe de 98.000 euros. Para elaborarlo, la adjudicataria recopiló datos de 110 estaciones de aforo aragonesas.

A partir de esas cifras, y siguiendo la metodología marcada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se ha establecido un régimen de caudales ecológicos mínimos para toda la red fluvial principal que oscila según la época del año y atiende a las particularidades de cada tramo de río.

Por ejemplo, en el Ebro a su paso por Zaragoza el caudal ambiental se ha establecido entre los 4,41 y los 9,13 metros cúbicos por segundo (m /s), cifras que están muy por debajo de las fijadas en el plan de cuenca. Por contra, en el río Gállego a la altura de Santa Eulalia el régimen propuesto supera claramente la referencia actual pasando de los 3,02 m /s a entre 5,24 y 8,77 m /s. El estudio sostiene que esos regímenes mínimos pueden no respetarse en determinadas circunstancias -por ejemplo, en época de sequía- sin que los ecosistemas asociados a los ríos se vean dañados. Por eso también ha calculado otro régimen más bajo todavía denominado 'límite de obligado cumplimiento' que marca el volumen de agua a partir del cual los cauces sí que sufren afecciones considerables.

Además, el informe encargado por el Instituto Aragonés del Agua también tiene en cuenta que en las masas de agua muy modificadas -aquellas en las que ya es casi imposible devolverlas a sus condiciones naturales- se pueden establecer objetivos ambientales menos rigurosos.

Teniendo en cuenta esa última apreciación, el estudio concluye que actualmente el 84% de los tramos de río aragoneses -92 de 110cumplen el régimen de caudales ecológicos que se les debe aplicar para garantizar su buen estado ecológico.

En cuanto a los 18 tramos que no respetan los mínimos propuestos, en 5 de ellos el incumplimiento se debe a causas naturales, por lo que, siempre según el informe, la presión humana solo incide en el 12% de las masas fluviales. El estudio sobre caudales ecológicos encargado por la DGA ha permitido estimar cuánta agua hace falta en total para garantizar las necesidades ambientales de los ríos aragoneses. Calculando qué parte de ese volumen de agua le corresponde a la Comunidad 3.320 hm anuales- y sumándole los crecimientos previstos en la demanda y la reserva estratégica de 850 hm , también se ha podido determinar que Aragón no tiene excedentes con los que elevar el caudal ecológico del Delta del Ebro, tal y como prtende la Generalitat. Sin embargo, esa conclusión también puede volverse en contra de los intereses de la Comunidad: si los caudales ambientales propuestos por la DGA para los ríos aragoneses se han quedado cortos, hará falta destinar más agua para garantizar su buen estado ecológico. Como no hay excedentes, esos recursos tendrán que obtenerse perjudicando bien la reserva estratégica, bien las nuevas demandas. Ese aumento del consumo se ha cifrado en unos 1.430 hm anuales, pero es una estimación.