El principal reto de la nueva Ley de Aguas de Andalucía será acabar con los conflictos que históricamente ha protagonizado el uso del agua. Lo dijo ayer el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en un desayuno-coloquio organizado por el Grupo Joly -grupo editor de este diario- en el hotel Barceló, donde aseguró que "el agua ha estado asociada siempre a guerras y fronteras. Se ha derramado mucha sangre a lo largo de la historia por culpa de este recurso y ahora queremos acabar con esos conflictos".

En el contexto de este marco normativo, el consejero señaló que los bancos públicos del agua de las demarcaciones hidrográficas andaluzas jugarán un importante papel para "avanzar en la democratización del agua y terminar con las fronteras que siempre ha tenido este recurso". Esta nueva figura tendrá como función revisar las dotaciones de agua y adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos, con la idea de lograr una distribución más ajustada a las necesidades de cada zona.

La novedad de este instrumento será que permitirá a otros sector como el turismo y la industria hacer uso de los recursos hídricos, tal y como ocurre ahora con la agricultura, indicó. Estos nuevos usos tendrán garantizado su hueco en los planes hidrológicos con los que deben contar las distintas cuencas hidrográficas de la comunidad para adaptarse a las directrices de la Unión Europa.

Además, otro de los objetivos que persigue la nueva normativa será premiar a los consumidores que más ahorren y penalizar a aquellos que gasten más para evitar el despilfarro de un bien tan limitado. La regulación de las tarifas del agua es uno de los pilares sobre los que se sustentará la nueva legislación impulsada por la Junta de Andalucía para mejorar su gestión en toda la comunidad y que se aplicarán a partir del próximo 1 de enero.

Díaz Trillo resaltó que el reto es lograr que el agua "se pague en todos los rincones de Andalucía" a partir de la homogeneidad y equidad de los precios para favorecer el ahorro. Una de las medidas que contempla la ley para conseguirlo será fijar tramos de facturación más equitativos que beneficiarán a los que menos agua consuman y "socializar muchas tarifas para favorecer a las familias numerosas o las más desfavorecidas", apuntó.

Así, el consejero defendió la nueva normativa en base al principio de "solidaridad" que, a su juicio, debe primar en la sociedad actual con las generaciones futuras debido a "la fragilidad del agua como recurso finito". De hecho, se refirió a la Ley de Aguas de Andalucía como una norma con una vocación 'profundamente social' en la que se pasará de un modelo de gestión basado principalmente en la oferta a otro en el que se hará en función de la demanda.

Es, según el consejero de Medio Ambiente, una responsabilidad colectiva lograr que "ese recurso finito pueda ser duradero". De ahí, señaló la importancia que se le ha dado en la nueva legislación que marcará las políticas de agua a partir de ahora a la participación tras el Acuerdo Andaluz por el Agua alcanzado en febrero de 2009 entre unos 37 entes de la comunidad que definió el posterior texto normativo, en el que se contemplan 37 órganos de participación.

El marco normativo del Gobierno andaluz para gestionar sus recursos hídricos, que impulsó una vez culminado el traspaso de las competencias sobre todas las cuencas hidrográficas y que entró en vigor el pasado 10 de agosto tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), supondrá también "una mayor eficacia" en la gestión. Así, al menos, lo aseguró Díaz Trillo que insistió en que se conseguirá acortar los plazos en la tramitación burocrática y "dar respuesta inmediata a los problemas que a veces se enquistan".

El nuevo modelo de gestión se notará, señaló como ejemplo, en la autorización de las concesiones para el uso del agua, ya que indicó que en pleno siglo XXI este trámite no se puede demorar durante años. Y eso, a pesar de que con la recién estrenada Ley de Aguas de Andalucía se exigirá a todos los usuarios la necesidad de obtener autorizaciones para extraer agua de cualquier pozo, mientras que hasta ahora sólo era un requisito necesario si la cantidad superaba los 7.000 metros cúbicos.

Sin embargo, el nuevo régimen concesional de agua no afectará a los regantes andaluces con derechos de utilización ya concedidos o autorizados que mantendrán intacta su situación y a los que el consejero garantizó "un respeto absoluto". Pero en la política en materia de agua que se lleve a cabo a partir de ahora en Andalucía advirtió que adquirirá un mayor peso la planificación hidrológica, que dijo que deberá ser "sostenible desde el punto de vista ambiental y rentable social y económicamente". La intención del Gobierno andaluz es preservar y proteger el patrimonio del agua, por lo que anunció que la restauración de los ríos y cauces que discurren por la comunidad será una tarea central que se tendrán en cuenta en las nuevas infraestructuras hidráulicas.

Esa función recaerá a partir del próximo año en el nuevo organismo en el que la Junta de Andalucía depositará las políticas sobre el agua. El actual organismo autónomo de la Agencia Andaluza del Agua y la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) se unirán bajo el paraguas de la nueva Agencia de Agua y Medio Ambiente, que ha generado una gran preocupación entre los empleados que ven peligrar los derechos adquiridos durante años como es el caso de Málaga, donde históricamente ha estado ubicada la sede de la cuenca hidrográfica del Sur.

Pero el consejero de Medio Ambiente quiso aclarar que "no hay que tener ninguna intranquilidad ni desde el punto de vista de la gestión ni del personal". Sobre el hecho de que la Junta de Andalucía haya tardado más de cinco años en definir un modelo para gestionar las competencias que el Gobierno central ha transferido sobre las cuencas hidrográficas que discurren por la comunidad, señaló que la política contempla "tiempos muy largos" y "primero ha habido que encajar una estructura y darle una forma andaluza".

Está convencido de que se ha hecho "un gran ejercicio de responsabilidad" al plantear la nueva organización porque considera que en el marco de la situación económica actual es "más conveniente aún adaptar la gestión a la realidad". Como ejemplo, hizo referencia al futuro Observatorio del Agua, que previsiblemente tendrá su sede en Málaga, y que favorecerá el acercamiento de la gestión del agua a la ciudadanía.

La Junta de Andalucía quiere apostar por la creación de lo que ha bautizado como empleos verdes. La puesta en marcha de los distintos proyectos que el Gobierno andaluz prevé en la comunidad en materia ambiental será una oportunidad de afianzar más de 200.000 nuevos puestos de trabajo en toda la comunidad en los próximos diez años, según apuntó el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo. Hasta el año pasado, los empleos considerados verdes suponían en Andalucía una cifra cercana a los 101.000. Sólo con el plan forestal que acaba de aprobar el Gobierno andaluz se prevé la creación de 30.000 nuevos puestos de trabajo y otros 25.000 con las obras de saneamiento pendientes.

El fin del saneamiento integral es una de las asignaturas pendientes de la Consejería de Medio Ambiente, que reconoce que aún hay un 40% de los municipios pequeños que no cuentan con depuradora. Para paliar este déficit y cumplir con el plazo de 2015 fijado por la Unión Europea, el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, anunció que su departamento impulsará la construcción de unas 300 depuradoras en los pueblos de menos de 5.000 habitantes, donde continúan sin depurar las aguas residuales, en colaboración con las diputaciones provinciales. Por alusión, el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, aseguró ayer que "nosotros tenemos los deberes hechos". El consejero se comprometió a impulsar en la provincia las de Nerja y la zona del Guadalhorce.