El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos contra el Estatuto de Cataluña presentados por los gobiernos de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana. Las tres comunidades impugnaron la disposición adicional referida al Archivo de la Corona de Aragón y el Archivo Real de Barcelona. En el caso de Valencia, se alegó también en contra de las pretensiones del Gobierno de Cataluña de controlar el caudal del Delta del Ebro e indirectamente los trasvases. El Tripartito propuso participar en la planificación hidrológica de este río y en la programación de las obras previstas por el Ministerio de Medio Ambiente.
El Gobierno murciano también presentó un recurso por el mismo motivo, sobre el cual se pronunciará en breve el Tribunal Constitucional, probablemente con igual rechazo.
Otros preceptos recurridos por la Comunitat Valenciana se refieren al apartado tercero del artículo 201, en el que se fijan las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat catalana y el artículo 202.2, donde se señala que la Generalitat catalana dispone de plena autonomía de gasto para aplicar libremente sus recursos de acuerdo con sus instituciones . El recurso de la Comunitat Valenciana ha sido rechazado gracias a los votos del «bloque progresista» -formado por la presidenta María Emilia Casas y los magistrados Elisa Pérez Vera, Pascual Sala, Eugeni Gay y Manuel Aragón- y el del conservador Guillermo Jiménez, vicepresidente del tribunal.

El Constitucional tiene pendiente de resolver los recursos presentados por los Ejecutivos de Murcia y La Rioja, y el del Defensor del Pueblo, que hace cuatro años impugnó 112 artículos y cuatro disposiciones del texto. Una decisión en su día criticada por todos, salvo por el Partido Popular

El consejero Antonio Cerdá no se aventuró ayer a opinar sobre la decisión que tomará el Constitucional respecto de las reclamaciones del Gobierno de Murcia, que planteó lo mismo que Valencia en materia de agua: Impedir que Cataluña pueda evitar por cualquier medio que en un futuro se trasvase agua del Ebro a otras cuencas mediterráneas, entre ellas la del Segura, como estaba recogido en el plan Hidrológico Nacional antes de junio de 2004.

El 'Estatut' señala que esta comunidad emitirá informes preceptivos sobre cualquier trasvase, lo cual no obliga al Estado. Paralelamente, Cataluña tiene la llave del consorcio para al conservación integral del Delta del Ebro.