El director de Gestión de Aguas de la compañía Cobre las Cruces, que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en la provincia de Sevilla, y la directora del área de Medio Ambiente prestaron este miércoles declaración como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, a cuenta de la querella formulada en su contra por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico por supuestos delitos contra el medio ambiente y de daños continuados. La compañía insiste en que "nunca se produjo ningún tipo de irregularidad" en el aprovechamiento del acuífero Niebla-Posadas y atribuyó la detección de arsénico en el agua a "la propia naturaleza del acuífero".


El portavoz de la esta empresa filial de la multinacional canadiense 'Inmet Mining' Miguel Riaño explicó a los medios de comunicación al término de la sesión de declaraciones que la directiva de la compañía está "muy satisfecha" de haber tenido "la oportunidad de responder a todas las preguntas y poder aportar los informes y la documentación que clarifica que en el año 2008, nunca se produjo ningún tipo de irregularidad", pues la citada querella del Ministerio Público partía de los expedientes sancionadores incoados en 2008 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) al descubrir unas 20 perforaciones no autorizadas en el acuífero Niebla-Posadas, además de un supuesto desequilibrio en el sistema de drenaje y re inyección y la presencia de arsénico en el agua.

"Siempre se actuó de forma respetuosa con el Medio Ambiente", dijo Riaño, quien manifestó su esperanza en que la juez Ana Escribano adopte una "decisión favorable a los intereses de la empresa", pero al tiempo aseguró que 'Cobre las Cruces' respetará "hasta el final" el pronunciamiento de la Justicia. En concreto, el martes prestaron declaración ante la juez el ya ex director general de la compañía, Françoise Fleury, y el director de Minas, William Thomas Willliams, mientras en esta última jornada han hecho lo propio el director de Gestión de Aguas de esta empresa, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.

Sobre las declaraciones de todos ellos, 'Cobre las Cruces' explicó en un comunicado que desde que le fuera notificada la querella formulada por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, siempre ha defendido que la actividad minera "en ningún momento afectó a las aguas subterráneas" y "el contenido de los informes presentados por agentes externos avala las posiciones de la compañía". Igualmente, la empresa minera creyó haber "rebatido suficientemente" la supuesta detracción irregular de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla Posadas, la presunta instalación ilegal de balsas y la posible contaminación por arsénico de este cauce hídrico.

Sobre este último aspecto, la compañía defendió que "la presencia de arsénico en los controles efectuados obedecía a la propia naturaleza del acuífero y, por tanto, en ningún caso fue motivada por el funcionamiento del sistema de drenaje y re inyección, ya que este se limitaba a drenar el agua y re inyectarla posteriormente en otro punto con la misma calidad y sin manipulación alguna".

LA QUERELLA

La querella de la Fiscalía se remonta al otoño de 2008 y, como se recordará, partía de los expedientes sancionadores incoados por la CHG contra 'Cobre las Cruces' por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes. Estas prácticas, de hecho, motivaron que la CHG suspendiera la concesión administrativa otorgada a 'Cobre las Cruces' para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua.

Los hechos, según la querella formalizada en su momento por la Fiscalía, podrían constituir un posible "delito continuado de daños" conforme a los artículos 263 y 264.1.4 del Código Penal, así como un delito contra el medio ambiente en función de los artículos 325 y 326, en sus apartados A y B, del mismo cuerpo legal. Y es que el Ministerio Público consideraba que el incumplimiento de los términos de la concesión administrativa había desencadenado episodios de "contaminación metálica" y "contaminación por oxidación de las aguas drenadas" en el acuífero Niebla-Posadas, que además sufrió una detracción "neta" de 75.000 metros cúbicos como resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.

CONTAMINACIÓN POR ARSÉNICO

De hecho, precisamente en una inspección cursada el 4 de julio de 2007 por los técnicos de la CHG se fundamentaba la querella interpuesta por la Fiscalía, porque las muestras arrojaron la presencia de "diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico" con valores muy superiores a los marcados por el Real Decreto que establece la calidad del agua para el consumo humano.

La Fiscalía, en función de la investigación incoada por la CHG para sus expedientes sancionadores, aludía también a un "incumplimiento radical de la obligación de reintegrar al acuífero de los caudales extraídos", extremo que motivó la suspensión de la autorización del sistema de drenaje y reinyección el 12 de mayo de 2008 con el consiguiente precinto de los sondeos. La valoración de los daños, según la Fiscalía, ascendía a 249.521,43 euros por los perjuicios del desequilibrio entre detracciones e inyecciones y a 43.688,17 euros en el caso de los daños por contaminación.

Así, el departamento de María José Segarra defendía que los daños globales cuantificados en cuanto al dominio público sumaban "al menos" 322.381'60 euros, a lo que debe agregarse "una grave alteración del curso de las aguas", arriesgando "personas y el entorno medio ambiental" al contaminar con arsénico un acuífero del que se abastece la población humana".