Normalmente, las repercusiones de la acción del hombre sobre los ríos tienden a asociarse con la contaminación y con otras formas de alterar la calidad y la composición del agua. Sin embargo, el estudio sobre impactos y presiones que acaba de actualizar la Confederación también analiza los factores que tienen que ver tanto con la cantidad de caudal -las extraciones y las regulaciones- como con las modificaciones que han sufrido los cauces -construcción de azudes, escolleras, presas, canalizaciones, encauzamientos...-. El objetivo es inventariar todos aquellos cambios que ha sufrido cada masa de agua respecto a su estado natural.

Este planteamiento se debe a que la Directiva Marco del Agua, la máxima norma europea en materia hídrica, establece que el buen estado de un tramo de río no depende solo de su estado químico -de la presencia o no de sustancias contaminantes-, sino que también hay que tener en cuenta su estado ecológico -la calidad y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados-.

Por tanto, para medir el estado de un determinado tramo de río, es decir, cómo de cerca está de sus condiciones naturales, hay que analizar el nivel de contaminantes, la situación de los animales y las plantas, parámetros físico-químicos como la temperatura, la conductividad o el oxígeno e indicadores hidromorfológicos.

Dentro de ese último grupo se incluyen en el régimen de caudales, la continuidad fluvial y condiciones morfológicas como la calidad del bosque de ribera.

En todos los capítulos analizados la información se ha extraído de los distintos registros y de las bases de datos existentes, pero además ha sido complementada con trabajos de campo y con los informes aportados por la guardería fluvial de la Confederación. Basándose en los registros de concesiones de la CHE, el informe ha contabilizado que en toda la cuenca del Ebro hay unas 3.800 concesiones para extraer agua -una por cada 3 kilómetros de río-. En total esos permisos autorizan la captación de 114.375 litros por segundo, pero la Confederación subraya que la demanda real no coincide necesariamente con el volumen máximo concedido. El estudio también destaca que "en ocasiones" el volumen autorizado supera "con creces" la aportación en régimen natural del río -es decir, hay menos agua de la que en teoría podría cogerse-.