El consejo de administración de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (Acuaebro) adjudicó ayer el proyecto de construcción del embalse turolense de Las Parras a la UTE formada por Marco Obra Pública, S. A. e Idecon S. A. U. Los trabajos tienen un plazo de 31 meses y una inversión de 12.675.824 euros que aporta el Gobierno central, a los que se suman el servicio de mantenimiento y control de la obra que también está en fase de licitación y asciende a 1.480.000 euros.

Esta obra está incluida en el Pacto del Agua de Aragón y se ha proyectado en Martín del Río (Teruel) para regular las aguas del río Las Parras, lo que permitirá un mayor desarrollo de las Cuencas Mineras.

Acuaebro adjudicó ayer por cerca de 230.000 euros la redacción del proyecto para crear una lámina estable de agua en el embalse de Barasona (en Graus) con la construcción de un dique de cola. La responsable de la obra es la empresa TYPSA, que deberá tener el documento en un plazo de 12 meses.

El proyecto definirá las obras para crear en el futuro un lago artificial en el término municipal de Graus donde se podrán ampliar los usos lúdicos del embalse. Estos trabajos siguen las líneas de acción definidas en la Directiva Marco del Agua que vela por la mejora de las masas de agua y la corrección de los efectos de las infraestructuras hidráulicas.

El desglose de las cuantiosas inversiones incluidas en el programa de medidas del nuevo plan hidrológico del Ebro muestra hasta qué punto los tiempos han cambiado. En la anterior normativa, aprobada en 1998, los objetivos ambientales casi no tenían cabida. Sin embargo, apenas una década después, la CHE, las comunidades autónomas y el resto de entidades públicas y privadas implicadas en la gestión del agua prevén gastar casi 6.000 millones de euros para que los ríos, los lagos, los embalses y los acuíferos de la cuenca alcancen el buen estado al que obliga la Directiva Marco del Agua (DMA).

Esa normativa europea establece que para el año 2015 todas las masas de agua, ya sean superficiales o subterráneas, deben presentar unas buenas condiciones tanto químicas como ecológicas. Si no es así, las administraciones responsables de su gestión tienen que adoptar medidas para alcanzar ese buen estado en el siguiente horizonte marcado por la DMA: el 2021 o el 2027.

Esas medidas tienen que incluirse en los nuevos planes de cuenca, y así se ha hecho en el caso del Ebro. En los anexos del borrador que ultima la CHE aparece un largo programa de actuaciones destinadas a minimizar los daños producidos por las sequías y las inundaciones, a satisfacer las demandas de agua de la demarcación y, sobre todo, a alcanzar los objetivos ambientales marcados por la Unión Europea.

Ese último apartado supone el 57% de los 10.300 millones de euros programados en el nuevo plan de cuenca. Por contra, las medidas para atender las demandas se llevan el 33,9% -unos 3.500 millones de euros- y las destinadas a luchar contra los episodios extremos, el 8% -unos 900 millones-.

No obstante, hay que tener en cuenta que todas esas actuaciones no son proyectos específicos del plan hidrológico del Ebro, sino que se trata de planes y programas desarrollados por las distintas administraciones de la cuenca que contribuyen a cumplir los objetivos marcados por la planificación hidrológica -por ejemplo, en ese listado se incluyen los planes de depuración que ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón-.

Además, casi una cuarta parte de todas esas inversiones -el 23%- le corresponderá al sector privado. El resto se lo repartirán el Gobierno central -el 45%-, las autonomías y los ayuntamientos -el 32% entre unas y otros-, aunque parece claro que la crisis obligará a reprogramar el horizonte temporal de cada una de ellas complicando la consecución de los objetivos para 2015.

En cuanto a los objetivos ambientales concretos, el borrador del plan de cuenca explica que en la actualidad el 30% de las masas de agua de la demarcación del Ebro no alcanzan el buen estado ecológico y químico exigido por la DMA. En el contexto de los ríos españoles y europeos, la CHE califica ese porcentaje de "moderadamente bueno". No obstante, el organismo de cuenca también reconoce que la situación es "susceptible de mejorar" durante la vigencia del nuevo plan hidrológico, y por eso se marca el reto de conseguir que en el año 2015 el porcentaje de ríos, lagos, embalses y acuíferos que están en malas condiciones se reduzca al 22% -en el caso de los tramos de río, se intentará pasar del 25% de incumplimientos al 15%-.

Para lograr esos objetivos, las distintas medidas previstas tendrán que hacer frente a las fuentes de contaminación difusa -sobre todo a los nitratos y herbicidas-, a los vertidos puntuales de origen industrial y urbano y a otros tipos de presiones como la extracción de caudales o los usos del suelo.

Esos problemas se concentran especialmente en el eje económico del valle del Ebro. Por el contrario, la escasa densidad de población del resto de la cuenca facilita que la presión del hombre sea reducida y permite que buena parte de la demarcación del Ebro sea "una gran reserva ambiental" en el contexto europeo. Los nuevos planes de cuenca deberían haberse aprobado a finales del año pasado. Sin embargo, no solo no ha sido así, sino que la tramitación pendiente impedirá que estos instrumentos de planificación puedan entrar en vigor antes del año que viene.

La Comisión Europea ya ha abierto un expendiente a España por los retrasos acumulados. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, explicó la semana pasada que la demora se debe a las dificultades que está habiendo en algunas cuencas para consensuar la composión de los futuros consejos de demarcación.

Espinosa informó de que el Ministerio prepara un real decreto para desbloquear esa situación permitiendo que sean los actuales consejos de cuenca los que sigan adelante. Posteriormente saldrán a información pública los borradores definitivos, pero ese paso durará seis meses y luego habrá que contestar a todas las alegaciones recibidas. Después pasarán de nuevo por los consejos de cuenca antes de ser elevados al Consejo Nacional del Agua. Solo entonces serán aprobados por el Consejo de Ministros.

El 57% de la inversión prevista en el nuevo plan de cuenca se destinará a objetivos ambientales.El propósito es que el porcentaje de incumplimientos baje del 30% actual al 22% en el año 2015