La guerra del agua entre comunidades autónomas tiene otro frente abierto con los límites de la demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, y con la negativa de los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana para asumir la gestión de sus cuencas internas: la que va de San Pedro del Pinatar hasta Águilas y la de L'Alacantí.

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha recurrido al Tribunal Supremo para que la Región de Murcia se vea obligada a quedarse con la planificación de toda la franja costera al sur del Puerto de la Cadena.

El objetivo de Castilla-La Mancha es dividir la cuenca y tener más control sobre la gestión de agua, según coinciden en señalar fuentes del Ministerio y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, José Manuel Claver.

El momento para que las cuencas internas se transfieran a las comunidades está cada vez más próximo, apremiado por los nuevos planes de cuenca que deben presentarse este año en Bruselas.

Si Castilla-La Mancha consigue sus pretensiones, la demarcación del Segura será más pequeña y el Ejecutivo de Barreda ganará fuerza en los órganos de gobierno de la Confederación. No hay que olvidar que un 25% de la cuenca del Segura corresponde a Castilla-La Mancha, el 9,4% a Andalucía, el 6,2% a la Comunidad Valenciana y el 59,3% a la Región de Murcia. Frente a la postura de Murcia y la Comunidad Valenciana existe una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que obliga a las autonomías a hacerse cargo de las cuencas internas. Al mismo tiempo, subraya que el Ministerio sólo debe planificar las cuencas intercomunitarias.

Esa sentencia fue fruto de un recurso contra los límites de la demarcación del Júcar, que aún no están definidos a causa de este conflicto competencial y jurídico.

Según el fallo, el Ejecutivo de Francisco Camps debe hacerse cargo de las comarcas de la Marina y L'Alacantí, entre otras. Esta segunda recibe aportaciones del Trasvase para los abastecimientos y regadíos. Las necesidades de la población están cubiertas por Canales del Taibilla.

La Comunidad Valenciana estaría dispuesta a asumir las competencias si el Ministerio le garantiza además recursos del Trasvase Júcar-Vinalopó, y no sólo de la desalación. El caso es que aquella sentencia del Supremo ha traído consecuencias y podría trasladarse ahora a la cuenca del Segura. El Gobierno murciano siempre se ha negado a hacerse cargo de la zona de l'Alacantí por su elevada dependencia del trasvase Tajo-Segura, por lo que el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel insiste en dejar que la planificación siga en manos del Estado.

De entrada, el Ministerio de Medio Ambiente es partidario de mantener el statu quo, hasta el punto de que hace tres años publicó un decreto en el que permanece como está el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura. Pero en la letra pequeña, no obstante, se establece un periodo transitorio según el cual la planificación se hará conjuntamente hasta que no se cedan las cuencas internas.

Castilla-La Mancha solicita ahora que se cumpla la doctrina del Supremo en el Segura y se disgregue la zona comprendida por el Campo de Cartagena, Mazarrón y Águilas.

De esta forma, los representantes castellano manchegos tendrían más peso en los nuevos órganos de gobierno a la hora de decidir el reparto y administración del agua, tanto de los recursos propios como los que proceden del Tajo. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente consultadas por 'La Verdad' creen que el trasvase Tajo-Segura quedará al margen de esta polémica porque se regula aparte. Sostienen que seguirá funcionando igual tanto si hay una como dos cuencas. Opinan que la forma de resolver este conflicto consistiría El consejero murciano de Agricultura, Antonio Cerdá, califica de «esquizofrénica» la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha para que la cuenca del Segura quede disgregada. «Tienen una fijación enfermiza con el agua, pese a otros problemas más urgentes que creo que deben atender».

Cerdá indicó que el Gobierno murciano no piensa asumir la gestión de la cuenca interna que extiende sus límites desde San Pedro del Pinatar hasta Águilas. «No vamos a hacerlo bajo ningún concepto, y si hay que presentar recurso lo haremos». Frente a la sentencia del Tribunal Supremo favorable a que las cuencas internas sean transferidas a las comunidades autónomas, Cerdá contrapone otras disposiciones de la Unión Europea «que postulan la unidad de cuenca».

El consejero de Agricultura regional cree que detrás de la iniciativa de Castilla-La Mancha se esconde el intento de conseguir mayor representación en los órganos de gobiernos de la Confederación Hidrográfica del segura. «Si persisten en esa actitud, nosotros pediremos el mismo trato para las cuencas endorreicas de Albacete», apostilló. Este tipo de cuencas no tienen salida al mar a través de los ríos.

Castilla-La Mancha tiene dos representantes en la junta de Gobierno de la Confederación, que es el máximo órgano decisorio.

En los nuevos planes de cuenca se constituirán los comités de autoridades competentes, donde habrá mayor representación de los gobiernos regionales.

Antonio Cerdá lamenta que Castilla-La Mancha no haya cesado en lo que considera ataques al Segura después de la retirada de su Estatuto.

Los principales ejemplos de transferencia de cuencas internas se dan en Cataluña, que hace años asumió la gestión de sus ríos intracomunitarios.

En la comunidad e Andalucía, el Estado cedió a la Junta la cuenca del Guadalquivir, con la condición de que no causara perjuicios a otras comunidades ribereñas. Eso no impidió que el Gobierno de la región de Extremadura presentara un recurso al Tribunal Constitucional.