Decenas de vertidos ponen cada año en peligro la salud de los ríos gallegos, una amenaza contra la que la única arma efectiva parece ser la sanción. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico prevé multas de entre 6.000 y 600.000 euros para perseguir las diferentes agresiones contra los cauces fluviales aunque el problema en muchos casos suelen ser las dificultades para localizar no sólo el origen sino al responsable de la infracción. Desde el año 2007, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, cuya competencia se extiende por todos los ríos de la provincia de Ourense y gran parte de los de Lugo, dictó un total de 244 expedientes sancionadores, a una media de 6,7 cada mes. La cifra, con todo, debería ser incluso mayor ya que el traspaso de competencias de la desaparecida Confederación Hidrográfica del Norte a la CHMS ralentizó la tramitación de muchos expedientes abiertos el año pasado y que, en su mayoría, acabarán en sanción.

Gran parte de los procedimientos sancionadores resueltos desde 2007 se saldaron con multas de hasta 6.000 euros, la cuantía fijada por ley para perseguir las infracciones de carácter leve y cuyos daños se estiman por debajo de los 3.000 euros. El catálogo de actuaciones sancionables es muy variado ya que puede ir desde iniciar obras o actuaciones en los ríos sin la correspondiente autorizacion, a la invasión de cauces, la tala de árboles de las riberas fluviales o los ataques contra obras hidráulicas o plantaciones. Son las agresiones más comunes contra los ríos de la cuenca del Miño-Sil ?el 88% de todos los expedientes sancionadores resueltos desde el año 2007 estaban relacionados con infracciones leves? y también las más fáciles de perseguir.

Sin embargo, en los últimos años se ha tenido que actuar también por la vía administrativa ante un número reducido de infracciones graves pero cuyo impacto sobre los ríos y todo el ecosistema que les rodea fue mucho mayor. El caso más reciente fue el del vertido de productos tóxicos en el río Barbaña a su paso por la ciudad de Ourense, un auténtico desastre ecológico que se llevó por delante a más de 17.000 peces. No ha sido la única infracción grave en esta cuenca que ha acabado recientemente en sanción.Aunque desde la CHMS eluden hablar de casos concretos ni identificar a las empresas o entidades públicas contra las que han tenido que actuar, en 2007 la confederación dictó un expediente sancionador por una infracción grave y en 2008, otros dos, lo que significa que sus responsables tuvieron que afrontar multas de entre 30.000 y 300.000 euros.

Pero la cuenca del Miño-Sil no es la única amenazada por la contaminación en Galicia. Hasta 4.986 puntos de vertido ha localizado la Consellería de Medio Ambiente en los ríos gallegos tras haber inventariado 128 de los 315 ayuntamientos de la comunidad. Su primer análisis, con todo, arroja datos llamativos como, por ejemplo, que la mayor parte de estos vertidos es responsabilidad de los municipios.

El 67% de los casos más graves detectados por la Xunta son achacables a los propios ayuntamientos (un total de 1.757 focos). El problema suele estar en las deficiencias de las redes de saneamiento, las conexiones erróneas en las canalizaciones o la carencia de sistemas de depuración, un mal endémico en los concellos más pequeños de la comunidad. De entre los 2.617 puntos de vertido considerados prioritarios por la Xunta por ser zonas en las que se constató en más de una inspección la existencia de un foco contaminante, Medio Ambiente detectó otros 452 procedentes de particulares y 349 más de origen industrial. Sólo en 59 casos los técnicos de la consellería desconocen la razón de la contaminación.

Los municipios se defienden ante unos datos que los señalan como los principales responsables de los continuos vertidos a los ríos y mares de Galicia, y aunque reconocen parte de su culpa, argumentan que la precariedad de las arcas municipales les impide poner solución a la carencia de sistemas de depuración y alcantarillado. Por si fuera poco, la Fiscalía gallega de Medio Ambiente también apunta a una importante responsabilidad municipal sobre la contaminación de las rías, un asunto por el que mantiene abierta una investigación desde hace más de dos años y medio. Desde la constitución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) en el año 2008, el vertido más grave que se ha producido en esta cuenca ha sido el del río Barbaña. En junio de 2009, un vertido de productos tóxicos provocó la muerte de 17.000 peces y afectó a toda la fauna y la flora que dependía del río. La investigación abierta para esclarecer los hechos concluyó que el foco de la contaminación fue la depuradora de aguas del concello ourensano de San Cibrao, institución contra la que se dirigieron todas las miradas a partir de ese momento.

El expediente sancionador abierto por la CHMS contra el concello se resolvió a principios de este año y la propuesta de sanción fue ejemplar : una multa de 450.000 euros. El organismo responsable de la cuenca argumentó que la infracción medioambiental había sido muy grave y que los daños al dominio público hidráulico ascendían a unos 220.000 euros.

La reacción del concello no se hizo esperar. Tras atribuir a una "persecución política" el hecho de que la confederación propusiese una sanción económica tan elevada ?equivalente a más del 10% del presupuesto anual del concello? la corporación ourensana exigió una investigación para esclarecer cuál de las empresas ubicadas en el polígono de San Cibrao era responsable a su vez de los productos tóxicos que llegaron a la depuradora municipal.

Aunque de momento el expediente todavía sigue sin resolverse, la sanción propuesta se consumará con toda probabilidad, convirtiéndose así en la multa más elevada impuesta por la CHMS en su corta andadura ante uno de los vertidos más graves registrados en toda la historia de la cuenca.